La lógica de la violencia en los conflictos agrarios: 2011-07-10

miércoles, 13 de julio de 2011

La lógica de la violencia en los conflictos agrarios. La indefinición de los derechos de propiedad como fuente del conflicto y la violencia. Estudio de casos en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, Colombia, 1918-1945. Trabajo de grado dirigido por el profesor Pablo Abitbol, para optar al título de Máster en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C.

RESUMEN

El presente trabajo ofrece una comprensión de la violencia como un fenómeno político cuyo análisis debe desglosarse de las causas que dan lugar al contexto en que se produce. En este sentido, se presenta un análisis del uso político de la violencia en el contexto de los conflictos agrarios como una variable dependiente del nivel de control que los actores políticos ejercen sobre una parte del territorio. Se especifican las condiciones del contexto en que se produce la violencia, que determinan las estrategias de los actores enfrentados, es decir, hacendados y campesinos. Este trabajo incorpora en el análisis la noción de derechos de propiedad desarrollada por la escuela de economía institucional como instrumento para determinar el nivel de control que los actores de los conflictos agrarios ejercen sobre la tierra. Para el efecto, se utiliza el modelo teórico de economía política de la violencia en la guerra civil desarrollado por Kalyvas (2006). El trabajo establece las convergencias y divergencias entre la guerra civil y los conflictos agrarios que habilitan la aplicación de este modelo teórico en este último contexto. Se pretende contribuir a superar las teorías y sesgos dominantes que conciben la violencia como un fenómeno patológico o anómico, que inhibe la investigación empírica y el trabajo analítico. De acuerdo con los resultados preliminares, parece razonable señalar que existe una relación de causalidad según la cual entre mejor definidos estén los derechos de propiedad es menor la probabilidad de conflictos agrarios y del uso de la violencia coercitiva. Sin embargo, no existe evidencia concluyente sobre la relación entre derechos de propiedad indefinidos y el uso de la violencia. Estas observaciones son indiferentes, en principio, a los problemas de distribución de derechos de propiedad que enfatiza Ostrom (2000).

ABSTRACT

This work provides an understanding of violence as a political phenomenon whose analysis should be separated from the causes that lead to the context in which it occurs. In this sense, it offers an analysis of the political use of violence in the context of land conflicts as a dependent variable in function of the level of control that political actors enjoy on a section of the territory. It specifies the conditions of the context in which violence takes place, which at the same time determines the set of strategies the actors, i.e. farmers and peasants, can resort to. This work incorporates into the analysis the notion of property rights developed by the school of New Institutional Economics as a tool to determine the level of control that the actors in land conflicts enjoy in a given territory. For this purpose, we use the theoretical model of political economy of violence in civil war developed by Kalyvas (2006). The paper establishes the convergence and divergence between civil war and rural conflicts which enables the application of this theoretical model to the latter context. It is intended to help overcome biases and dominant theories that see violence as a pathological or anomic phenomenon, which inhibits the empirical research and analytical work. According to preliminary results, it seems reasonable to suggest that there is a causal relationship whereby the better-defined property rights are less likely to cause rural conflicts and to resort to coercive violence. However, no conclusive evidence was found on the relationship between de facto property rights and the use of coercive violence. These observations are agnostic, at least in first place, to those of problems of distribution of property rights posited by Ostrom (2000).

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los aparceros de este distrito instigados con malevolencia por diversos agitadores rehúsan reconocer nuestros dominios a pesar de las sentencias judiciales. Nos impiden establecer hatos, con detrimento de la industria ganadera, queman posesiones, amenazan vidas.

Este es el texto de un cable enviado a Bogotá el 12 de septiembre de 1918 desde la provincia. De esta manera, Gilhodes (1988, p. 23) rescata del olvido la percepción de los hacendados sobre la agitación que inician los campesinos inconformes con sus condiciones de vida. En la misma época, en Viotá, Cundinamarca, los campesinos queman edificios públicos y se niegan a seguir trabajando en las haciendas. Son eventos aislados pero simultáneos en varias regiones, cuando el país experimenta el despegue cafetero. Es el comienzo de un ciclo de eventos que determinan la vida de una sociedad primordialmente agraria y rural durante la primera mitad del siglo veinte, con más del 70% de la población total en el campo. Durante la década de los veinte, los campesinos radicalizan sus propósitos y se agudizan los conflictos: no sólo reclaman mejores condiciones laborales en las haciendas, incluyendo la eliminación de castigos físicos, sino la distribución de tierras (Fajardo, 1977, p. 284; 1983, p. 59; LeGrand, 1988). Es la forma de reclamar su participación en la distribución de beneficios derivados de la producción cafetera.

Los trabajos sobre los conflictos agrarios han destinado esfuerzos a reconstruir los hechos y comprender su dinámica, determinando sus causas y efectos. Las causas de los conflictos son diversas dependiendo de la fase en que se encuentren (LeGrand, 1988). Desde la perspectiva de los campesinos, se mencionan las demandas laborales, las reclamaciones por indemnización de mejoras y la distribución de tierras. Desde la perspectiva de los hacendados, LeGrand (1988) ha señalado que, en una primera fase, los conflictos se originaron en la competencia por baldíos y las reclamaciones laborales de los campesinos.

A partir de los años veinte, es la escasez de mano de obra la que motiva a los hacendados a ocupar las tierras cultivadas por los colonos, para desplazarlos, usurpar sus tierras, con el objetivo de forzarlos a ofrecer su mano de obra en las haciendas. Como lo acreditan varios estudios sobre los conflictos agrarios, la queja recurrente de los hacendados es la falta de brazos (Kalmanovitz y López, 2006, p. 66). Esta escasez se atribuye básicamente a la oferta de empleos asalariados en las obras públicas impulsadas por el estado colombiano con los ingresos fiscales por las exportaciones cafeteras y la indemnización que pagó Estados Unidos por la separación de Panamá. Los hacendados compiten por la demanda de mano de obra de la industria textilera y trilladora, así como en los servicios públicos de los florecientes centros urbanos. También compiten por la propiedad de la tierra con la oferta de baldíos, además de las poco competitivas condiciones de trabajo que ofrecen en las haciendas.

Con la valoración de la producción cafetera exportable, que entre 1918 y 1919 salta de 20 millones de pesos corrientes a 54 millones (Junguito et al, 1991, p. 23), aumenta “la presión sobre la tierra y sobre la mano de obra” generadoras de conflictos (Kalmanovitz y López, 2006, p. 67). Según esta versión, la violencia tiene un uso táctico: hostigar a los colonos para ocupar sus tierras preferiblemente las cultivadas, que eran finalmente las más próximas a los centros de abastecimiento y comercialización del grano (LeGrand, 1988, 2007).

Sin embargo, lo que se evidencia en varios casos es que en no todas las manifestaciones de conflicto se emplea la violencia física y mucho menos de manera letal. Hay suficientes indicios de que los conflictos agrarios no se presentan en un vacío institucional o a propósito de un colapso del orden político, sino dentro del funcionamiento institucional vigente. Ahora bien, establecer la causa de los conflictos agrarios, no satisface necesariamente la pregunta por las condiciones en las cuales se recurre a la violencia. Intuitivamente se podría plantear que tampoco puede ser igual un hecho violento en medio de una riña callejera a la violencia en conflictos más complejos como los agrarios. Se suele confundir la causa de la violencia con su propósito, así se dice que A mató a B para obtener Z. Pero la pregunta queda sin respuesta aún porque Z puede ser el propósito de A pero no su causa. La pregunta podría reformularse coloquialmente, así: ¿por qué A mató a B y no a C, precisamente ese día y en ese lugar? Además, ¿por qué no aprovechó y mató de paso a C?

La pregunta por la causa exige una respuesta al por qué, no al para qué. De hecho, la confusión frecuente entre estos interrogantes, como si fueran intercambiables, ha dado lugar al enfoque funcionalista de la ciencia social, al que se opone Alston (1996, p. 26) al acusarlo de inferir las motivaciones de la conducta o los arreglos institucionales a partir de sus consecuencias. Motivaciones que son difícilmente observables y verificables (Kalyvas, 2006). Es lo que Kalyvas denomina relación causal invertida: observo un fenómeno y, luego infiero que x es la causa (2006). Pero la pregunta por la causa de ninguna manera puede conducirnos por la senda más especulativa aún de inferir principios generales de la conducta, inmutables, como la ley de la gravedad. Menos aún respecto de los más complejos fenómenos sociales. Lo que se propone, siguiendo a Elster (2003), es la tarea de descifrar los mecanismos causales, la cadena de eslabones finitos que nos conducen desde A hasta B. La identificación de estos mecanismos con cada uno de sus eslabones supone que se está en la capacidad para descifrar su funcionamiento interno, las condiciones endógenas, con independencia de las exógenas, que por supuesto condicionan su funcionamiento. Este trabajo demanda un proceso empírico riguroso de verificación de los supuestos, de cada eslabón, para poder construir una teoría explicativa o predictiva consistente, teniendo presente que los fenómenos sociales no se producen ni reproducen en laboratorios.

En el caso específico de los conflictos agrarios, LeGrand (2007, p. 137) propone considerar “la expansión de las grandes haciendas como una forma de adquisición de mano de obra”. El argumento de LeGrand va así:

“[…] en Colombia, a la vez que se desarrolló la economía exportadora, aumentó la concentración de la tenencia de tierra a través de un proceso de desposeimiento de miles de colonos, y que, al mismo tiempo que se formaban las grandes propiedades, se creó la mano de obra para trabajar en ellas.” (2007, p. 128).

En este sentido, observa que:

“[…] los conflictos entre los colonos y los hacendados no se desenvolvieron únicamente sobre el papel, sino que también hubo confrontaciones directas y a veces violentas. A fin de legalizar el estatus de colono, el campesino debía permanecer en la tierra y no firmar ninguna clase de contrato de aparcería o terrazgo, pero cuando se negaba a hacerlo, el terrateniente pedía al alcalde que lo obligara a abandonar la parcela. Aun después del desalojo, a veces los colonos desafiaban a las autoridades y, cuando la policía se iba, regresaban obstinadamente a cultivar sus campos. Cuando esto ocurría, los grandes hacendados respondían con un hostigamiento más directo […] enviaban a la cárcel a los líderes de los colonos, haciéndoles acusaciones falsas. En algunos casos los hacendados formaban cuadrillas de vigilantes para que atacaran a los colonos más recalcitrantes y para intimidar a los demás. Por lo general, con estas tácticas lograban que los campesinos firmaran los contratos de aparecería o que abandonaran la tierra, pero en algunos sitios, durante años, los colonos se negaron a renunciar a sus derechos.” (2007, p. 129-30).

Este texto permite señalar la magnitud de la tarea que se propone el presente trabajo. Por una parte, la necesidad de distinguir, en esa etapa de los conflictos agrarios, las causas de los conflictos agrarios con las causas y propósitos de la violencia registrada. Las diversas formas de violencia parecen emplearse con el de obligar a los colonos a que suscriban contratos de arrendamiento, mediante los cuales el hacendado les concesiona una parcela dentro de su propiedad para que a cambio, sin remuneración, trabajen en los cultivos de la hacienda o le entreguen el producto de la parcela, a cambio del canon o renta por la parcela. En estas condiciones, con las ofertas alternativas del entorno, es de suponer que sin la violencia, los colonos no suscribirían dichos contratos.

De acuerdo con LeGrand, el blanco de los ataques y amenazas son los líderes de los colonos y los colonos más recalcitrantes. Se advierte un propósito claro en el empleo de la violencia: intimidar a los demás. En otras palabras, el valor coercitivo de la violencia consiste precisamente en que se utiliza contra unos individuos es intimidar a otros con la finalidad de que realicen una conducta concreta o se abstengan de hacerlo. La violencia es una fuerza que puede doblegar la voluntad, la del más obstinado, de la persona a quien se dirige. Vale suponer que pone en riesgo la vida misma. Como resultado, lo racional es que una persona que valora la vida, confrontada de esta manera con la alternativa de realizar una determinada acción o morir, prefiera optar en ese momento por la primera alternativa. Así, la violencia posee una capacidad performativa que consiste en cumplir una función de comunicar con el acto mismo el mensaje amenazante y creíble de hazlo o te mato. Pero, como se advierte siguiendo a LeGrand, esta violencia implica discriminar entre unos individuos y los demás. Este carácter selectivo de la violencia supone que los perpetradores están en capacidad de identificar a los líderes y a los colonos más recalcitrantes. Poner en riesgo la vida de estos individuos significa disminuir el valor de la vida de los otros, para los perpetradores, obviamente. Pero como las víctimas mantienen constante el valor de su propia vida, aumenta el costo de no obedecer y realizar la conducta requerida. La amenaza se hace más creíble aún: Si son capaces de matar a fulano que es un líder, como no van a matar a mengano que no es nadie, puede pensar cualquiera.

Como resultado, el individuo amenazado decide realizar la conducta impuesta a poner en riesgo su vida. Sin violencia, la preferencia del colono es otra: no trabajar en la hacienda, migrar. En este análisis preliminar tratamos de describir, muy superficialmente, cómo opera el mecanismo de la violencia: modifica la conducta final, limitando las alternativas que tiene un individuo. Cada alternativa tiene inicialmente un valor diferente para cada individuo, que el perpetrador consigue modificar con la violencia: alterando las expectativas del individuo. Ese mecanismo puede que sea un sentimiento, una percepción, un motivo, con la potencia suficiente para doblegar al más obstinado: el miedo, el terror. Es decir, en ese momento, en el corto plazo, el individuo efectúa un cálculo, sopesa las alternativas y escoge una estrategia: la menos costosa, según la teoría de la elección racional [rational choice].

Pero aún no respondemos la pregunta por el por qué se emplea la violencia. Hemos obtenido respuestas al para qué y al cómo y al contra quién. Tampoco sabemos el cuándo ni el dónde. El objetivo principal de este trabajo es precisamente hallar respuestas para estos interrogantes sobre la violencia en el contexto de los conflictos agrarios. Este trabajo se ha planteado el objetivo de corroborar si la violencia en los conflictos agrarios cumple esa función selectiva y coercitiva que le atribuye LeGrand (1988, 2006) por una parte, y hallar una respuesta a la pregunta por la causa específica de la violencia en dicho contexto. Kalyvas (2006), autor de The Logic of Violence in Civil War, proporciona una teoría para la comprensión de la violencia como un fenómeno autónomo, que adopta según el contexto un carácter instrumental. Bajo condiciones específicas, como en la guerra civil, Kalyvas atribuye a la violencia un sentido, una lógica, una racionalidad. Por supuesto, esta perspectiva riñe con las tradiciones teóricas dominantes que ven la violencia como una enfermedad o un acto irracional, una expresión de barbarie. Estos enfoques inhiben el trabajo empírico y analítico por sustracción de materia, no puede descifrarse ningún mecanismo causal si la violencia no es racional. Pero la apuesta de Kalyvas es su pretensión explicativa y predictiva del fenómeno. De manera se pueda indagar por las causas de la violencia coercitiva pero también responder a las preguntas por el cuándo y dónde se produce el fenómeno y qué relación puede establecerse con los derechos de propiedad sobre la tierra.◙

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo aborda el análisis del fenómeno de la violencia en el contexto de los conflictos agrarios. Se trata de una aproximación al uso político de la violencia, en tanto que violencia coercitiva, cuyo propósito es el control o gobierno de una población. Los conflictos agrarios que tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo veinte en Colombia generalmente son caracterizados como fenómenos sociales que tuvieron repercusiones económicas y políticas. A estos conflictos se les atribuyen cambios en la estructura de la propiedad agraria y en la dinámica de las relaciones laborales en el campo; la redistribución de los excedentes generados por la producción cafetera; la eficiencia en el uso intensivo de la tierra y la decadencia de la hacienda tradicional como unidad de explotación económica; la formación de una coalición de gobierno de centro-izquierda que lleva al poder al Partido Liberal después de un largo período de hegemonía conservadora; y los cambios constitucionales y legales que se produjeron durante el gobierno liberal de López Pumarejo. Otros elementos de los conflictos agrarios como las organizaciones campesinas y su articulación con los partidos de izquierda que se crearon en los años veinte, también son considerados.

Las principales causas de los conflictos se suelen esquematizar como un entramado de luchas por la propiedad de la tierra entre colonos campesinos, indígenas y hacendados; disputas por las mejoras en los terrenos de las haciendas por parte de los arrendatarios; y problemas de escasez de mano de obra en el campo. No obstante, en el conjunto de trabajos sobre los conflictos agrarios, la violencia no deja de ser un fenómeno marginal y episódico, el producto natural y la manifestación de la polarización de intereses de campesinos y hacendados en sus fases más agudas. En ocasiones, se superponen las causas de los conflictos con las descripciones y explicaciones sobre la violencia.

La violencia se suele presentar como un instrumento de represión del aparato estatal que representa los intereses de los hacendados en contra de los campesinos, y también como un instrumento de la lucha del campesinado por mejorar su posición económica. No faltan las descripciones de la violencia en los conflictos agrarios como teatros de sangre y arbitrariedades. Estas descripciones inhiben el trabajo analítico y empírico de la violencia a nivel micro, donde se producen las interacciones individuales, lo que explica la ausencia de un trabajo sistemático en este nivel sobre el fenómeno que trascienda las anécdotas y testimonios.

Por el contrario, este trabajo coloca en el centro la comprensión del fenómeno de la violencia. Pretende poner a prueba las proposiciones dominantes como las formuladas por LeGrand y otros investigadores, según la cual la violencia fue empleada en el contexto de los conflictos agrarios por los hacendados contra los campesinos para despojarlos de sus tierras y obligarlos a ofrecer su mano de obra en las haciendas. Por parte de los campesinos, la violencia es un instrumento de lucha y de resistencia. Esta vaguedad no permite identificar las condiciones que en uno y otro caso conducen al empleo de la violencia, como tampoco explica las variaciones en el uso de la violencia de una región a otra. Este trabajo pretende aportar los elementos para explicar estas variaciones y, más interesante aún, para entender en qué condiciones los actores políticos recurren a la violencia y cuando se abstienen de hacerlo.

La teoría de Kalyvas, en que se fundamenta este trabajo, ofrece un enfoque analítico para explicar y predecir el fenómeno de la violencia política en el contexto de la guerra civil. Este trabajo pretende aportar elementos para el trabajo empírico y analítico en relación con la violencia en contextos diversos como los conflictos agrarios, que puede contribuir a campos como la resolución de conflictos políticos, la regulación y los cambios institucionales en materia de conflictos agrarios◙

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo se interroga por las condiciones en las cuáles la definición o indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra (en las zonas rurales, destinadas a la producción agrícola exportable) podrían considerarse la causa del uso de la violencia en el contexto de los conflictos agrarios.

OBJETIVOS

El presente trabajo tiene como objetivo general:

· AMPLIAR la comprensión de la violencia como fenómeno político en contextos como los conflictos agrarios, donde se utiliza para controlar a una parte de la población y como instrumento de resistencia, y de su relación con la definición o indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra.

Los objetivos específicos son:

· ESTABLECER las causas del empleo de la violencia coercitiva en los conflictos agrarios que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo veinte en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, Colombia, en especial, en relación con los derechos de propiedad sobre la tierra.

· TESTEAR mediante su formulación como hipótesis de trabajo las conclusiones de LeGrand (2007) según la cual la violencia en los conflictos agrarios fue empleada por los hacendados contra los campesinos para despojarlos de sus tierras y expandir sus propiedades de manera que los campesinos quedasen obligados a ofrecer su mano de obra en las haciendas.

· VERIFICAR las hipótesis de Kalyvas (2006) sobre el uso político de la violencia en la guerra civil como una función del nivel de control que cada uno de los actores rivales ejercen en una parte del territorio, aplicadas en el contexto de los conflictos agrarios.

1. MARCO TEÓRICO PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LÓGICA DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS

En la primera sección de este capítulo se exponen los elementos centrales de la teoría de Kalyvas (2006) sobre el uso político de la violencia en el contexto de la guerra civil. Kalyvas ofrece herramientas conceptuales y metodológicas que contribuyen a explicar la dinámica de la violencia política y sus condiciones endógenas. La teoría restringe el análisis al uso de la violencia física letal, por considerar que la muerte, a diferencia de otras modalidades, es la forma absoluta de violencia: irreversible, directa, inmediata, indubitable, que deja menos margen para la observación e interpretación del fenómeno por los científicos sociales.

Con un enfoque analítico, Kalyvas identifica los mecanismos causales y supuestos, fundamentados en la teoría de la elección racional, que permiten predecir la distribución espacial y temporal de la violencia. Tanto en la teoría de Kalyvas como en el presente trabajo el interés se centra en la producción bilateral de la violencia política en el contexto de la guerra civil, donde el propósito es controlar o gobernar a una parte o al conjunto de una población dada. Kalyvas enfatiza que su teoría es agnóstica frente a las motivaciones de los actores que participan en la producción de la violencia porque son difíciles de observar y verificar empíricamente. Por el contrario, la teoría formula hipótesis testeables sobre la conducta de los actores, empíricamente verificables y falsables.

En la siguiente sección, se explica de qué manera el contexto en que ocurre la violencia importa porque selecciona a los actores que participan en su producción y define sus estrategias. La teoría de Kalyvas (2006) se centra en la guerra civil porque en este contexto dos o más actores participan en la producción de violencia, por lo cual el análisis de las estrategias de cada uno es crucial. En esta sección se analizan además, dados los objetivos del presente trabajo, las convergencias y divergencias entre la guerra civil y los conflictos agrarios que sirven de contexto al uso político de diversas modalidades de violencia física, además del asesinato y las masacres, tales como el secuestro, la tortura, el acceso carnal, el hostigamiento y el desplazamiento forzado.

En la tercera y última sección, se introduce la noción y dinámica de las instituciones, que se manifiestan primordialmente en los derechos de propiedad, desde la perspectiva del análisis económico neoinstitucional. El propósito es determinar las condiciones bajo las cuales puede aplicarse la teoría de Kalyvas en los conflictos agrarios, en función de los niveles de control sobre el territorio que otorgan los derechos de propiedad.

1.1. LA LÓGICA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

La violencia es el acto deliberado de causar daño o dolor a las personas (Kalyvas, 2006, p. 19). La violencia es física cuando se dirige contra la vida o la integridad física de las personas. También se habla de la violencia psicológica cuando no se dirige contra el cuerpo de las personas pero altera su integridad o estabilidad mental o emocional. La violencia física puede ser directa, como el asesinato o la tortura, o indirecta, como el secuestro, los hostigamientos y el desplazamiento forzado. El vandalismo y la destrucción deliberada de los bienes de una persona también se considera una forma de violencia física indirecta (Kalyvas, 2006, p. 20). Se excluye del estudio el daño colateral o no intencional.

Sin duda la violencia es un fenómeno complejo, multifacético y ampliamente debatido. No obstante, el presente trabajo, siguiendo a Kalyvas (2006, p. 19), restringe inicialmente el análisis a la producción intencional de violencia física letal, como el asesinato y las masacres. Sin embargo, se incorporan otras manifestaciones deliberadas de violencia física como el hostigamiento, el vandalismo, el acceso carnal y la tortura, evidenciadas en el contexto de los conflictos agrarios (2006, p. 19-20 y 208-9).

Para los objetivos del presente trabajo, importa analizar el uso político de la violencia, es decir, el carácter instrumental de la violencia cuya producción obedece a dos propósitos esenciales: (a) el exterminio o deportación masiva de una población, para conquistar un territorio y sus recursos; y (b) el control o gobierno de una población, que también se denomina violencia coercitiva [coercive violence] (Kalyvas, 2006, p. 26). La violencia política puede ser producida por un único actor o unilateral, generalmente el Estado, o puede intervenir un número plural de actores, como la bilateral o multilateral. El genocidio y la deportación masiva son unilaterales. El terror estatal es unilateral. La exterminación también puede ser recíproca. Para efectos del presente trabajo, siguiendo a Kalyvas (2006, p. 28-9), el interés se centra en la producción bilateral o multilateral de violencia coercitiva que se manifiesta en la guerra civil, contexto en el cual el análisis de las estrategias de los actores resulta crítico, como se analiza en la siguiente sección. La tabla 1 muestra de manera esquemática los tipos ideales de violencia política que resultan de la intersección entre los diversos propósitos y formas de producción.

TABLA 1. Tipología kalyviana de la violencia política masiva

	Propósito de la violencia política: Controlar a la población
Producción de violencia	SI	NO
Unilateral	Terror estatal	Genocidio o deportación
Bilateral o multilateral	Violencia en guerra civil	Exterminación recíproca

Nota: Adaptado de Kalyvas (2006, p. 29).

La violencia coercitiva puede ser táctica, si su blanco es una persona para eliminar un riesgo particular como la fuga de información. Pero es estratégica cuando cumple la función de infundir miedo o terror en las personas para conseguir de ellas que realicen o se abstengan de realizar una conducta determinada (Kalyvas, 2006, p. 27). Ahora bien, por su efecto, la violencia coercitiva puede ser retrospectiva, si su intención es castigar o sancionar a una persona por la conducta que ya tuvo lugar; y prospectiva, si su objetivo es disuadir en relación con la conducta futura (Kalyvas, 2006, p. 27). En este sentido, la violencia coercitiva, cuando es empleada estratégicamente, tiene una dimensión disuasiva cuyo propósito es conseguir la obediencia o sumisión de la población. De esta manera, la violencia se aplica como castigo por la conducta realizada por una persona o conjunto de personas pero el propósito es disuadir a las demás personas a que procedan de la misma forma. Al poner en riesgo sus vidas e integridad física, la violencia coercitiva induce la cooperación coercitiva de las personas, de una manera que sólo podría lograrse voluntariamente mediante convenios y otros arreglos institucionales que se abordan en la sección tercera. En este sentido, la credibilidad de la amenaza o sanción es otra dimensión sine qua non de la violencia coercitiva.

Por lo pronto, nos interesa enfatizar que la violencia coercitiva se emplea estratégicamente para moldear las conductas de los individuos alterando sus expectativas sobre las estrategias de los demás y sobre el resultado que pueden esperar (Kalyvas, 2006, p. 26). Con este propósito, la violencia coercitiva es empleada como recurso disuasivo por un actor político contra la población civil o no combatiente para obtener su colaboración y evitar su defección hacia el actor rival (2006, p. 19 y 142).

Finalmente, para que cumpla su efecto disuasivo, la violencia coercitiva debe ser de alguna manera predecible, es decir, que la probabilidad de que sea empleada sea tal que altere las expectativas de la población en relación con la realización de una conducta determinada. La predictibilidad depende de que se utilice para sancionar a una persona por su conducta con un efecto disuasivo, como cuando se tiene un blanco claramente identificado o personalizado, caso en el cual se denomina violencia coercitiva o discriminada [selective violence]. Por el contrario, si el blanco es colectivo, menos determinado, con una identidad más genérica definida por su pertenencia a una etnia, raza, sexo, religión o lugar, se denomina violencia indiscriminada [indiscriminate violence]. La teoría de Kalyvas tiene como pretensión predecir la utilización de una y otra modalidad de violencia, así como a desglosar las causas que originan la guerra civil y las que dan lugar a la producción de violencia en dicho contexto, como se analiza en la siguiente sección.

1.2. EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

La violencia coercitiva no se produce en el vacío o por un colapso del orden político como lo afirma la tradición hobbesiana. La teoría de Kalyvas sobre la lógica de la violencia requiere una especificación del contexto en que se produce. El contexto de la violencia importa porque selecciona a los actores que intervienen en la producción de violencia y define sus estrategias (Kalyvas, 2006, p. 83). La violencia política es endógena al contexto en que se produce en el sentido que sus causas son diferentes a las que dan lugar al conflicto (p. 82). Finalmente, dado que el presente trabajo aborda la violencia que se produjo en el contexto de los conflictos agrarios que tuvieron lugar en Colombia en las primeras décadas del siglo veinte, se requiere señalar los elementos que permitan establecer las convergencias y divergencias entre este contexto y la guerra civil.

1.2.1. LA GUERRA CIVIL

El contexto en que se produce la violencia política es esencial para el análisis porque la guerra civil estructura las decisiones y selecciona a los actores que participan en la producción de la violencia de una manera diferente a como ocurre en contextos pacíficos (Kalyvas, 2006, p. 22). La guerra aumenta la incertidumbre y los riesgos sobre la vida y la seguridad de las personas; por lo tanto, aumenta el valor que las personas le otorgan al riesgo de supervivencia al tomar sus decisiones o definir sus estrategias. Este es el primer elemento distintivo de la guerra civil: el riesgo de supervivencia que determina las elecciones que hacen las personas.

En este sentido, la guerra modifica la manera como se forman y expresan las preferencias políticas, en contraste, por ejemplo, con un proceso electoral libre y transparente en tiempos de paz (p. 22). La colaboración de la población civil, por ejemplo, está más condicionada por la violencia en la guerra civil que por sus motivaciones o preferencias previas al inicio del conflicto (2006, p. 91-101). Por otro lado, el número de muertes y otras manifestaciones de violencia aumenta en la guerra, con lo cual se puede afirmar, siguiendo a Kalyvas (p. 22), que las diferencias con los contextos pacíficos no son sólo de orden [kind] sino de magnitud [degree].

Kalyvas define la guerra civil como el combate armado que tiene lugar dentro de las fronteras de un estado soberano reconocida entre bandos que están sujetos al comienzo de las hostilidades a esa autoridad común (2006, p. 17). La expresión combate armado implica un cierto grado de organización militar en ambos bandos y un nivel de violencia de cierta magnitud. Esta definición es agnóstica acerca de las causas, motivaciones y propósitos de la guerra.

El rasgo que caracteriza a la guerra civil es la ruptura efectiva del monopolio de la violencia a cargo del Estado, lo que significa una división o fractura del territorio donde se ejerce la soberanía en campos rivales armados (p. 17). Al inicio de la guerra civil los grupos beligerantes que desafían el monopolio de la violencia que ejerce la autoridad soberana lo que implica que comparten la ciudadanía del Estado como una obligación meramente formal de acatamiento (que excluye el derecho a la resistencia). En consecuencia, con la guerra civil, la soberanía es segmentada, en el sentido de que dos o más actores políticos ejercen el control total sobre diferentes áreas del territorio del Estado; y es fragmentada, en el sentido de que dos o más actores políticos ejercen un control limitado o parcial sobre una misma porción del territorio del Estado (Kalyvas, 2006, p. 88-9). Aunque para efectos de simplificar el análisis, teóricamente se asume la confrontación de dos actores políticos rivales por el control territorial.

Kalyvas fundamenta su teoría de la violencia en la guerra civil en una teoría de la guerra irregular que permite establecer variaciones entre la violencia y el espacio geográfico (2006, p. 87-8). La guerra irregular se diferencia de las convencionales en el sometimiento a reglas sobre el combate militar y en que el enfrentamiento se produce en los frentes de batalla definidos. Así, la guerra irregular se caracteriza generalmente como guerra de guerrillas y los frentes de batalla son más bien borrosos y fluctuantes (p. 88). El carácter irregular o convencional de una guerra no determina la simetría o asimetría en el poderío militar de las partes enfrentadas. La capacidad de tomar, imponer o mantener el control en una zona determinada, cuando se desata el conflicto, requiere el acceso a cuantiosos recursos para el ejercicio de la vigilancia y protección de la población civil, así como para el equipamiento y la ejecución de operaciones propiamente militares. Estos recursos escasean durante la guerra por lo que los actores políticos tienen un incentivo muy fuerte para utilizar la violencia de manera selectiva.

De acuerdo con Kalyvas, el control tiene un claro fundamento territorial y existen buenas razones para pensar que el control territorial depende en buena medida de la capacidad del aparato administrativo para realizar las funciones de vigilancia y sanción de la población, así como de la capacidad militar (2006, p. 132-3). Las distancias, las dificultades de acceso y vías de comunicación, condicionan la capacidad administrativa y militar. El control supone, según Kalyvas, una presencia armada constante y creíble en un territorio, de modo que si la topografía obstaculiza esa presencia y su movilización constituye una ventaja para el avance del rival, en especial, en la guerra irregular donde los frentes de batalla no están definidos. En otras palabras, la geografía determina la dirección del nexo causal respecto del nivel de control sobre un territorio, así:

Geografía → Control

Para simplificar el análisis, Kalyvas (2006, p. 88, 196) identifica cinco zonas discretas a través de las cuales se distribuye el ejercicio del control que ejercen dos actores rivales en el contexto de una guerra civil, así:

Zona 1: Es el área del territorio del Estado bajo el control total [full control] del grupo gobernante o las autoridades [incumbents] con la capacidad para excluir al actor político rival. En esta zona, el acceso de la población al actor rival es altamente restringido y la presencia del rival es nula o muy eventual, sorpresiva y fugaz como las escaramuzas. En adelante la denominamos sencillamente zonas de control de los gobernantes (Kalyvas, 2006, p. 211, 218-23).

Zona 2: Es el área del territorio del Estado bajo el control parcial pero predominante del grupo gobernante o las autoridades. La población de esta zona tiene cierto acceso limitado al bando rival. En adelante la denominamos zona de expansión de los gobernantes (Kalyvas, 2006, p. 212, 224-32).

Zona 3: Es el área del territorio del Estado en la que los bandos rivales ejercen un control equitativo o paritario [parity control] o bien ninguno de los bandos ejerce el control, por lo que también se suele denominar tierra de nadie [no man´s land]. En adelante la denominamos zonas en disputa (Kalyvas, 2006, p. 240-5).

Zona 4: Es el área del territorio del Estado bajo el control parcial pero predominante del grupo beligerante o insurgente [insurgents]. La población de esta zona tiene un acceso menos limitado al bando rival. En adelante la denominamos zonas de control de los insurgentes (Kalyvas, 2006, p. 212, 224-32).

Zona 5: Es el área del territorio del Estado bajo el control total [full control] del grupo beligerante o insurgente. En esta zona el acceso de la población al bando rival es altamente restringido y la presencia del rival es nula o muy eventual, sorpresiva y fugaz. En adelante la denominamos sencillamente zonas de control de los insurgentes (Kalyvas, 2006, p. 211, 218-23).

En la teoría de Kalyvas (2006, p. 196, 224-32), las zonas 2, 3 y 4 son inicialmente consideradas en conjunto como territorios en disputa [contested zones], sin embargo, en ellas se distinguen las zonas 2 y 4 como territorios en los que uno de los bandos rivales ejerce un control predominante aunque incompleto. De acuerdo con el mecanismo causal entre geografía y control, según Kalyvas (2006, p. 132), debe esperarse que los gobernantes ejerzan un mayor control en las zonas urbanas, las planicies, vías de comunicación y territorios adyacentes; mientras los insurgentes, en las zonas rurales, montañosas, terrenos escarpados, selvas y otras zonas de difícil acceso o de frontera.

Dado que Kalyvas se enfoca en la racionalidad de la conducta de los individuos, tanto los políticos como los civiles, formula que los la racionalidad de los actores políticos se explica porque maximizan el control territorial; en consecuencia, persiguen la “conquista” del territorio y el incremento del nivel de control que ya ostentan (Kalyvas, 2006, p. 196). El incremento del control significa obtener la colaboración exclusiva de la población civil mediante la persuasión y eliminar la defección hacia el rival mediante la disuasión que se logra con la violencia coercitiva. Como la teoría asume que no hay anarquía, si un actor político abandona un territorio, el rival entra a ocuparlo. En cada una de las zonas en las cuales se distribuye el control, los actores del conflicto se relacionan con la población civil de tres maneras:

(i) La población queda bajo su control total, sin acceso al actor rival.

(ii) La población queda fuera del alcance de su control.

(iii) La población queda bajo el control compartido con el actor rival.

Como la teoría de Kalyvas (2006, p. 100) se concentra en la conducta de los individuos -siendo agnóstica frente a las motivaciones y preferencias difícilmente observables y verificables, e indiferente frente a las motivaciones al inicio del conflicto (p. 111-3)-, se parte de dos supuestos analíticos: (a) las preferencias no son estables sino que cambian con el conflicto; y (b) estas variaciones en las preferencias son el efecto de una combinación de persuasión y coerción. El análisis parte de que los individuos eligen de manera racional sus estrategias y conductas de acuerdo con su nivel de aversión al riesgo de supervivencia que se amplifica durante la guerra (p. 101-3). Por estas razones, si bien los beneficios materiales pueden ser un incentivo determinante para la colaboración de la población civil, siendo exógenos a la teoría de Kalyvas, en el transcurso de la guerra civil las preferencias y conductas de los individuos se modifican por la violencia, dado que los recursos económicos cada vez escasean más. Con fundamento en estas observaciones, Kalyvas (2006, p. 118-124) plantea que:

(i) La colaboración depende de variaciones espaciales en el nivel de control, de manera que a mayor control en una zona, mayor es el nivel de colaboración;

(ii) La colaboración depende de variaciones temporales en el nivel de control, de manera que entre más control se gane en una zona en un momento del tiempo, mayor será el nivel de colaboración; y

(iii) La colaboración que gana una de las partes por un mayor nivel de control implica una pérdida de colaboración para el bando rival relativa a su pérdida de control.

En este modelo analítico (p. 104-6), los actores políticos expresan sus preferencias en relación con las exigencias a la población civil, así:

(a) De la minoría, exigen una colaboración activa total;

(b) De la mayoría, una colaboración pasiva y exclusiva;

(d) La colaboración exclusiva aunque pasiva, es preferible a la neutralidad.

(e) La mínima colaboración que esperan es no ser traicionados.

(f) Como la guerra civil sí tiende a ser un proceso polarizante, la colaboración y la no colaboración son un juego de suma cero.

(g) Prefieren evitar o impedir la colaboración activa con el rival, es decir, la defección.

De manera desagregada se obtienen los siguientes tipos de defección (Kalyvas, 2006, p. 104-5): (a) Insumisión [noncompliance], que comprende acciones como quejarse, criticar, evadir impuestos, huir o desertar; (b) delación [informing], que consiste en proveer información al bando rival, de manera secreta generalmente; y (c) cambio de bando [switching sides], que, como la deserción, son generalmente actos públicos. Estos actos de defección pueden ser públicos o privados, individuales o colectivos, definiendo el alcance o esfera de acción según la naturaleza de cada uno. Las motivaciones tras los actos de defección pueden ser complejas y mezcladas: la coerción, la persuasión, incentivos económicos, miedo, venganza o supervivencia. Como toda conducta, estos actos se realizan en función de la mayor o menor aversión al riesgo. La tabla 2 permite visualizar esta tipología.

TABLA 2. Tipología kalyviana de la defección [defection].

Tipo	Alcance
Insumisión	Individual o colectiva	Pública o privada
Delación	Individual	Privada
Cambio de bando	Individual o colectiva	Pública

Nota: Adaptado de Kalyvas (2006, p. 105).

La teoría de la violencia coercitiva de Kalyvas gravita alrededor del problema de identificación de las personas. Es decir, es un problema de información sobre la identidad de colaboradores, desertores y delatores, más crítico aún si se tiene en cuenta que las preferencias de la población civil son fluctuantes, en buena parte determinadas por el ejercicio del control y la violencia.

De hecho, la capacidad para identificar a las personas define la modalidad de violencia coercitiva que un actor político emplea: selectiva o indiscriminada (Kalyvas, 2006, p. 144). En esta medida, Kalyvas formula que la violencia es una variable dependiente en función del nivel de control que ejerce un actor político dentro de un territorio (1999, p. 244; 2006, p. 15), lo cual señala la dirección del nexo causal:

Violencia = ƒ(control)

Luego,

Control → Violencia

A su turno, la capacidad para identificar a las personas depende del nivel de colaboración de la población civil y de la capacidad de un actor político para vigilar y monitorear directamente a la población. Aunque la información puede provenir de diversas fuentes, como las documentales y los testimonios, el método más efectivo para recolectar información sobre la identidad de las personas y sus preferencias es solicitarla a los individuos que los conocen más íntimamente mediante la práctica de la delación (Kalyvas, 2006, p. 173). Este elemento de la intimidad es central en el análisis de la violencia en la guerra civil, el cual contrasta con el carácter impersonal que se atribuye a las guerras interestatales (2006, p. 330-2). Ahora bien, Los motivos para delatar pueden ser políticos o “desinteresados”, como cuando se denuncia a una persona esencialmente por lealtad con una causa política o autoridad, como las denuncias públicas; y personales o “maliciosos”, cuando se denuncia sin ninguna causa política con el propósito de resolver una disputa personal, para obtener ventajas económicas o para satisfacer el deseo de venganza (Kalyvas, 2006, p. 178). Con razón Kalyvas sostiene que la guerra civil es el contexto propicio para que los individuos salden sus disputas personales con sus conocidos a través de la práctica de la delación en una suerte de politización de los intereses privados, por lo que no en vano se le llama comúnmente guerra fratricida (2006, p. 330, 351). La delación provee la información necesaria para que los actores políticos empleen la violencia selectiva, cuyo efecto disuasivo es superior al de la violencia indiscriminada, como se explica a continuación. Al mismo tiempo, los individuos recurren a la delación como un mecanismo indirecto para infligir daño a otra persona a través de un tercero, bajo la premisa de que los individuos prefieren no hacer uso de la violencia por su propia cuenta para no ensuciarse las manos de sangre (Kalyvas, 2006, p. 350-1).

La delación, a diferencia de la denuncia pública, es una práctica subrepticia, secreta, riesgosa y generalmente vergonzante; de ahí los peyorativos usados para calificar a los delatores: soplones, sapos y similares (p. 177). Por estas razones, la delación es una práctica difícilmente observable y verificable, ni siquiera ex post, a menos que se cuente con acceso a organizaciones altamente especializadas y burocratizadas como la Gestapo en el régimen nazi, la CIA norteamericana o, entre nosotros, el DAS. La delación supone entonces que la información sobre la identidad de los individuos está distribuida asimétricamente entre los actores políticos supralocales y la población local. Si no se cuenta con agentes locales que realicen la función de monitoreo directo de la población, en ausencia de esta información, los actores políticos recurrirán a la violencia indiscriminada, lo que hace presumir la ausencia o pérdida de control.

Kalyvas (2006, p. 351-68) distingue dos mecanismos causales de la delación, que dependen del nivel de intimidad o frecuencia de las interacciones entre los individuos: por una parte, la concentración o la escala del entorno social donde tiene lugar la interacción, que entre más reducida sea, mayor será la densidad o número de interacciones entre los mismos individuos y mayor la competencia y el riesgo de conflictos; por otra, la simetría, según la cual entre mayor sea la homogeneidad entre los individuos, como cuando se comparte la misma posición social, mayor será el riesgo de envidia y de provocar una pérdida en la posición social del otro que redunde en una ganancia propia. De ahí el riesgo de las denuncias falsas y maliciosas que provoquen violencia indiscriminada.

Ahora bien, debido a que la violencia indiscriminada castiga con la misma probabilidad al colaborador como al desertor, provoca una distorsión de las expectativas y cálculos de los individuos sobre las estrategias de los demás y sobre los resultados de colaborar o no. En este sentido, la violencia indiscriminada genera incertidumbre sobre los beneficios de la colaboración y las sanciones por la defección, de manera que afecta también la percepción sobre la capacidad de control y de protección del actor político que la emplea. De esta manera, se elevan los costos de las decisiones de los individuos, reduce la aversión al riesgo porque falla el cálculo de probabilidad del castigo o recompensa y, en consecuencia, reduce el costo de la defección (2006, p. 154-5). En otras palabras, la violencia indiscriminada reduce el valor por colaborar y aumenta el valor de la defección a favor del actor rival. De ahí que Kalyvas (2006, p. 144) formule que: La violencia indiscriminada resulta contraproducente en la guerra civil [Proposición 2].

A pesar de estos efectos, no es posible predicar que la violencia indiscriminada sea irracional porque también cumple un propósito disuasivo (Kalyvas, 2006, p. 160-7). En primer lugar, los asesinatos colectivos pueden ser considerados en apariencia o de manera superficial como producto de la violencia indiscriminada pero información más detallada puede advertir que los individuos estaban plenamente identificados, por ejemplo después de verificar su afiliación partidista (Henderson, 1985, p. 152, citado en Kalyvas, 2006, p. 162). En segundo lugar, puede ser el resultado de factores como: (i) la relación costo-beneficio cuando no se puede obtener información más detallada sobre la identidad de las personas pero se cuenta con recursos militares suficientes al inicio del conflicto; y (ii) las distorsiones institucionales en situaciones de riesgo moral de las que no se salvan las agencias y comités locales delegatarios de los actores políticos al ser víctimas de denuncias falsas y maliciosas, precisamente por las asimetrías de información (Kalyvas, 2006, p. 183).

En relación con la utilización de la violencia indiscriminada, debe señalarse que los costos de equipamiento y operaciones militares son altos por lo que, cuando un conflicto se prolonga en el tiempo, permite suponer, como lo formula Kalyvas (2006, p. 169), que los actores políticos son propensos a cambiar gradualmente la violencia indiscriminada por violencia selectiva [Hipótesis 1].

Por el contrario, cuando se cuenta con información robusta sobre la identidad de las personas, los actores políticos recurren a la violencia selectiva, que personaliza las amenazas y las sanciones con un mayor efecto disuasivo sobre la población (Kalyvas, 2006, p. 144). El empleo de la violencia selectiva, a pesar de las fallas en recursos y capacidad para el monitoreo directo y la sanción, reduce los costos de la colaboración y aumenta, en consecuencia, los costos de la defección (p. 173). Si el nivel de control de un actor político en un territorio es alto, la información sobre las personas es mayor y así mismo se recurre a la violencia selectiva, todo lo cual genera certidumbre entre los individuos sobre la capacidad para proteger a la población contra el actor rival y para castigar los actos de defección: aumenta el costo de la defección y disminuye el costo de la delación.

En esta medida, la presencia de agentes locales es signo de un mayor nivel de organización y capacidad de los actores políticos supralocales: para emplear la violencia de manera selectiva; evitar el empleo de violencia indiscriminada; y garantizar la protección de los delatores. En este sentido, la violencia selectiva es un proceso de producción conjunta [joint process] de los actores políticos con la colaboración de la población civil (Kalyvas, 2006, p. 173). En la producción de violencia selectiva convergen dos procesos distintos pero relacionados: por una parte, los esfuerzos de los actores políticos por disuadir la defección; y, por otra, la decisión individual de suministrar información a los actores políticos sobre las identidades de sus conocidos.

Debido a que en el contexto de la guerra civil el riesgo de supervivencia es mayor que en los contextos pacíficos, las personas calculan cuándo desertarán o no y cuándo delatarán o no al desertor dependiendo del nivel efectivo de protección y castigo que un actor político pueda proveer dentro de un territorio. Si el riesgo de retaliación como resultado de la delación es alto, es decir, el nivel de protección es bajo, los individuos no estarán dispuestos a denunciar a los desertores (Kalyvas, 2006, p. 174). En otras palabras, si el riesgo de retaliación es alto es porque el acceso al actor político rival con capacidad para ejecutar la represalia como sanción también es alto (2006, p. 195). En general, debido a la aversión de los individuos por la ejecución directa de actos violentos para resolver sus disputas personales, a su turno, la retaliación adopta la forma de la contradenuncia, es decir, la denuncia contra el delator inicial ante el actor político rival. En otro sentido, la capacidad de un actor político para ejecutar represalias como resultado de la contradenuncia disminuye o aumenta el riesgo de contrarretaliación, según el nivel de control, todo lo cual condiciona la disposición de los individuos sucesivamente a denunciar y a contradenunciar.

Dada la dificultad para observar y verificar empíricamente los niveles de delación, contradenuncia, retaliación y contrarretaliación, un indicador es el nivel de control que ejerce un actor político dentro de un territorio que cuando es alto se traduce en un mayor miedo de ser identificados (Kalyvas, 2006, p. 220). En este sentido, el nivel de delación es una función del nivel de control que ejerce un actor político, que condiciona la capacidad de protección y de ejecutar las represalias (p. 195).

Kalyvas (2006, p. 124-132) identifica en su modelo teórico ocho mecanismos que señalan la dirección causal entre el nivel de control y el nivel de colaboración resultante, que se enuncian a continuación:

(a) Coerción: El control supone la capacidad para ejercer la violencia coercitva de manera efectiva y creíble. Este control resuelve problemas de acción colectiva como la cooperación (coactiva) o la defección.

(b) Maximización de la supervivencia: La conducta de los civiles es maximizadora de la supervivencia se realiza evitando conductas amenazadas o sancionadas con el uso de la violencia.

(c) Protección: De acuerdo con la lógica de la conducta maximizadora, el control reduce el costo de la colaboración si el actor político no sólo despliega su capacidad militar para ejercer la violencia coercitiva contra la población dentro de su zona de control sino también para proveer la protección a la población frente a las amenazas y violencia que produzca el actor rival.

(d) Adscripción mecánica: El control prolongado en una zona genera un monopolio de información y la colaboración de los civiles por efecto del reclutamiento que lleva a cabo entre ellos.

(e) Credibilidad: Entre más prolongado es el ejercicio del control, mayor es nivel de credibilidad de la población civil en el corto plazo sobre la capacidad para imponer sanciones y otorgar protección frente al rival.

(f) Otorgamiento de beneficios: El mayor nivel de control también garantiza que se proporcionen beneficios inmateriales o materiales, dependiendo de la disponibilidad, promesa difícil de cumplir ante la pérdida o ausencia de control.

(g) Monitoreo: El control facilita el monitoreo directo y vigilancia de la población, como el censo o empadronamiento de la población, lo que exige un aparato administrativo capaz de llevarlo a cabo, lo que resulta muy costoso o imposible cuando se ha perdido el control.

(h) Dinámica de auto-refuerzo: La credibilidad sobre la capacidad de control se refuerza a sí misma con el ejercicio del control en una dinámica que puede considerarse incremental.

Es decir, gráficamente se puede establecer la relación causal así:

Colaboración = ƒ(Control)

Luego,

Control → Colaboración

Como se ha insistido, la capacidad de control de los actores políticos supralocales dentro de un territorio depende de su capacidad para hacer presencia mediante esquemas descentralizados a través de los cuales delegan parte de su poder en sus agentes locales. La descentralización abarata el monitoreo y vigilancia de la población. Las autoridades y grupos gobernantes recurren a las agencias y organismos estatales, como las alcaldías, los jueces y la policía. También recurren informalmente a las milicias [militias]. Estas milicias son conformadas mediante el reclutamiento de colaboradores locales y tienen como propósito controlar a la población y enfrentar a los rebeldes o insurgentes. Aunque están autorizadas para usar la violencia directamente, son actores políticos y no propiamente militares (Kalyvas, 2006, 107). También se les denomina paramilitares, ejércitos privados y batallones de contrainsurgencia. La organización y equipamiento de milicias es costosa. Aunque están llamadas a ejecutar una violencia protectora o defensiva, también incurren en acciones predatorias y abusivas que resultan en un escalonamiento de la violencia, convirtiéndose en el blanco principal de la acción insurgente (2006, p. 108-9).

A nivel local, los insurgentes también organizan milicias pero, dado su acceso más restringido a las armas, recurren a la conformación de comités, generalmente informales y clandestinos, que se encargan de recopilar, filtrar y manejar información sobre el actor político rival, su organización y avance, así como sobre la población civil (Kalyvas, 2006, p. 109-10).

En este orden de ideas, una implicación fundamental de los mecanismos causales descritos es que la colaboración es endógena al control, con fundamento en la cual Kalyvas (2006, p. 132) postula que: entre mayor es el nivel de control que ejerce un actor, mayor es la tasa de colaboración con este actor, e inversamente, la tasa de defección es menor [Proposición 1].

Si la capacidad militar inicial de un actor político se toma como un factor exógeno del nivel de control dentro de un territorio dado, el uso de la violencia selectiva y se incrementa el nivel de colaboración, debe esperarse en el modelo teórico de Kalyvas que la capacidad de control subsiguiente sea un factor endógeno en la producción de violencia (2006, p. 196). Este equilibrio solamente puede ser alterado de manera exógena por el actor político mediante la retirada de sus fuerzas o por el actor rival trayendo refuerzos. En consecuencia, el modelo teórico de Kalyvas asume que los costos de producción de la violencia selectiva son inversamente proporcionales al nivel de control (2006, p. 196).

Si se considera que la colaboración y la defección son conductas racionales de los individuos que obedecen al cálculo sobre las recompensas y los castigos, en este sentido son maximizadoras de la supervivencia actual, con independencia de sus preferencias al inicio del conflicto y de sus motivaciones. En otras palabras, los individuos deciden si colaboran o no con un actor político dependiendo de su nivel de control dentro de un territorio y momento dado, con independencia de su experiencia pasada o cálculos sobre el futuro lejano (2006, p. 196). Si los individuos valoran su vida, entonces el costo de ser capturado y castigado por la defección es mayor que el beneficio esperado por la defección (p. 196-7).

De ahí que los individuos, que se asume tienen aversión al riesgo, consideren en su cálculo el nivel de control efectivo que ejerce un actor político: si es mayor, el riesgo de ser capturado y castigado es mayor. De la misma manera, los individuos calculan el riesgo en relación con la delación: donde el nivel de control (protección para el delator/violencia contra el desertor) es alto, el riesgo de delación es bajo. Expresado de otro modo: cuando la probabilidad de ser identificado, delatado y capturado es mayor, como sucede en las zonas donde un actor político ejerce un control total, la probabilidad de defección es menor; y viceversa: cuando la probabilidad de ser identificado, delatado y capturado es menor, como sucede en las zonas donde la población está fuera del alcance de un actor político, la probabilidad de defección es mayor. La excepción al modelo en relación con la aversión al riesgo son los héroes y mártires, que son desertores de las zonas bajo el control total de un actor político y en las que el actor rival no tiene presencia (Kalyvas, 2006, p. 197). Por supuesto, en este modelo, los individuos calculan el riesgo de ser capturados y asesinados de acuerdo con el valor que le asignan a la supervivencia, lo que hace menos valiosos los beneficios (p. 200).

En las zonas donde las partes comparten el control o donde sencillamente no lo ejercen, es de esperarse que los individuos no se abstengan de defeccionar a favor del actor rival, al tiempo que, dado el bajo nivel de protección que los actores pueden proveer, se abstengan de delatarse mutuamente por su aversión a la retaliación. Es decir, altos niveles de defección se registran simultáneamente con bajos niveles de delación. En estas áreas, que hemos denominado zonas en disputa, puede presentarse una espiral de no violencia (Kalyvas, 2006, p. 202).

Como la conducta de los actores políticos es maximizadora de su capacidad de control sobre la población y en un territorio, los costos están representados por el equipamiento y las operaciones militares, así como el funcionamiento de la burocracia local, mientras que sus beneficios están representados básicamente cuando la defección es cero, es decir, la colaboración de la población es total, ya sea por efecto de la disuasión o la coerción. Cuando el nivel de control es alto, la información sobre los desertores proviene del monitoreo directo; cuando el nivel de control es bajo, proviene de los delatores. Pero dados los costos implicados en el empleo de la violencia, donde el nivel de delación es bajo, como sucede en las zonas en disputa, no se empleará la violencia para obtener el control. No obstante, dados los costos implicados en el uso de la violencia, donde el nivel de delación es alto, como sucede en las áreas bajo control total, los individuos tampoco se arriesgan a desertar y, por lo tanto, el nivel de violencia también es mínimo o ninguno.

En conclusión, según Kalyvas, donde el nivel de control es total: no hay defección, no hay delaciones y tampoco violencia, como sucede en las Zonas 1 y 5, aunque es probable que se produzca violencia por el actor rival pero indiscriminada (a falta de información sobre la identidad de las personas); donde el nivel de control es alto pero parcial, la población tiene algún acceso al rival: hay defección, hay delaciones y, por lo tanto, violencia selectiva, como sucede en las Zonas 2 y 4; y donde el control está ausente o es paritario: hay defección, no hay delaciones y tampoco violencia, como sucede en la Zona 3 (Kalyvas, 2006, p. 203). En la Zona 3, si alguno de los actores emplea la violencia será indiscriminada a falta de información y medios de monitoreo directo, con lo cual se producirá la deserción masiva hacia el actor rival, que hace improbable que se recurra a la violencia por lo que, a diferencia de lo que ocurre en las guerras convencionales, en la guerra civil en las zonas en disputa no se produce violencia (2006, p. 204). Como resultado, en el modelo teórico de Kalyvas, la violencia selectiva solamente se produce donde los incentivos de los actores políticos supralocales y los actores locales convergen. De la misma manera, no se espera ninguna violencia donde los actores políticos o los actores locales, cada uno de manera aislada, están más dispuestos a emplear la violencia o a suministrar la información necesaria. Una exposición detallada del modelo teórico de economía política de la violencia de Kalyvas se incluye en el anexo 1 del presente trabajo. Este conjunto de predicciones son formuladas por Kalyvas (2006, p. 204), así:

Hipótesis 1. Los actores políticos son propensos a cambiar gradualmente la violencia indiscriminada por la violencia selectiva.

Hipótesis 2. Entre mayor sea el nivel de control que ejerce un actor político, menor será la probabilidad que dicho actor recurra a la violencia, tanto selectiva como indiscriminada. Por lo tanto, no es probable el empleo de la violencia por el grupo gobernante en la Zona 1 y tampoco por parte los insurgentes en la Zona 5.

Hipótesis 3. Entre menor sea el nivel de control que ejerce un actor político, menor será también la probabilidad que este actor recurra a la violencia y mayor la probabilidad de que si llega a emplear la violencia esta sea indiscriminada. De esta manera, si se produce alguna violencia por parte de los insurgentes en las Zonas 1 y 2 probablemente será indiscriminada, y si se produce alguna violencia por parte del grupo gobernante o las autoridades en las Zonas 4 y 5 probablemente será indiscriminada.

Hipótesis 4. Bajo un control fragmentado, la violencia será empleada primordialmente por el actor político que tenga una ventaja en la respectiva zona en términos de control: el grupo gobernante o las autoridades en la Zona 2 y los insurgentes en la Zona 4.

Hipótesis 5. En la zona donde el control se ejerce por igual por los actores rivales, como en la Zona 3, es probable que ninguno de los actores use la violencia selectiva.

Si la teoría de Kalyvas (2006, p. 206) es correcta, las guerras civiles más mortíferas serán aquellas en las que se observen una o varias de las siguientes condiciones:

(a) Altos niveles de violencia indiscriminada.

(b) Variaciones frecuentes del control, porque predominan las Zonas 2 y 4.

(d) Las zonas donde se ejerce el control total, como la 1 y la 5, son reducidas.

La teoría de Kalyvas también prevé variaciones del nivel de control en el tiempo en un proceso dinámico y secuencial. Según Kalyvas (2006, p. 217), el nexo entre control y violencia exhibe cierta circularidad en el sentido de que cambios en el control pueden disparar los niveles de violencia y que estos cambios en los niveles de violencia pueden provocar a su turno cambios en el nivel de control, en un proceso de causalidad endógena. No obstante, deben tomarse en cuenta los mecanismos endógenos cuya trazabilidad exige un proceso de desagregación secuencial, en los cuales se sugiere que los cambios de control implican dos etapas diferentes: el cambio inicial de control y la fase de consolidación de dicho cambio (p. 217).

En el modelo de Kalyvas, en primer lugar, las decisiones tácticas militares provocan un cambio en el control en dos direcciones: zonas que pasan del control insurgente al control de las autoridades, es decir, las Zonas 4 y/o 5 pasan a ser Zona 2), y del control de las autoridades al control de los insurgentes, es decir, las Zonas 1 y/o 2 pasan a ser Zona 4. En segundo lugar, según Kalyvas (p. 217), el uso de la violencia selectiva, una vez se ha producido el cambio inicial en el control, dispara un proceso de consolidación (auto-reforzado, adscripción mecánica) que produce un desplazamiento de la Zona 2 hacia la Zona 1 (pasando a estar bajo el control total de las autoridades) y de la Zona 4 a la Zona 5 (pasando a estar bajo el control total de los insurgentes). De manera que, en ausencia de cambios exógenos en los recursos militares, las Zonas 2 y 4 pueden ser concebidas como zonas de transición, en el sentido de representar la dimensión temporal del proceso de cambio (Kalyvas, 217-8). En este escenario, la violencia sigue el cambio inicial de control y precede la consolidación (p. 218). Lo que obliga a observar la distribución espacial del fenómeno en cada momento dado para captar su efecto dinámico. Debe recordarse que el modelo toma como punto de partida que en las zonas en las que un actor ejerce el control total (1, 5), el actor rival está ausente y, por lo tanto, no ejerce ningún control y la población no tiene acceso al rival (2006, p. 222). En la Zona 3, los individuos pueden preferir no aliarse con ninguno de los actores políticos y mantenerse neutrales: en medio del fuego cruzado, los civiles prefieren no involucrarse (p. 226-7).

Las predicciones de Kalyvas son contraintuitivas en la medida que desafían muchos de los supuestos y planteamientos de las teorías dominantes, que se amplían en los anexos. Debe enfatizarse que el contexto en que se produce la violencia define las estrategias que los individuos pueden escoger, como cooperar o no. También se señalaron los elementos esenciales para el análisis de la violencia en la guerra civil, tales como: la capacidad de control, la intimidad, la decisión de colaborar o no con alguno de los actores políticos y la distribución de la violencia de acuerdo con la distribución geográfica del control.