miércoles, 13 de julio de 2011

La lógica de la violencia en los conflictos agrarios. La indefinición de los derechos de propiedad como fuente del conflicto y la violencia. Estudio de casos en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, Colombia, 1918-1945. Trabajo de grado dirigido por el profesor Pablo Abitbol, para optar al título de Máster en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C.

RESUMEN

El presente trabajo ofrece una comprensión de la violencia como un fenómeno político cuyo análisis debe desglosarse de las causas que dan lugar al contexto en que se produce. En este sentido, se presenta un análisis del uso político de la violencia en el contexto de los conflictos agrarios como una variable dependiente del nivel de control que los actores políticos ejercen sobre una parte del territorio. Se especifican las condiciones del contexto en que se produce la violencia, que determinan las estrategias de los actores enfrentados, es decir, hacendados y campesinos. Este trabajo incorpora en el análisis la noción de derechos de propiedad desarrollada por la escuela de economía institucional como instrumento para determinar el nivel de control que los actores de los conflictos agrarios ejercen sobre la tierra. Para el efecto, se utiliza el modelo teórico de economía política de la violencia en la guerra civil desarrollado por Kalyvas (2006). El trabajo establece las convergencias y divergencias entre la guerra civil y los conflictos agrarios que habilitan la aplicación de este modelo teórico en este último contexto. Se pretende contribuir a superar las teorías y sesgos dominantes que conciben la violencia como un fenómeno patológico o anómico, que inhibe la investigación empírica y el trabajo analítico. De acuerdo con los resultados preliminares, parece razonable señalar que existe una relación de causalidad según la cual entre mejor definidos estén los derechos de propiedad es menor la probabilidad de conflictos agrarios y del uso de la violencia coercitiva. Sin embargo, no existe evidencia concluyente sobre la relación entre derechos de propiedad indefinidos y el uso de la violencia. Estas observaciones son indiferentes, en principio, a los problemas de distribución de derechos de propiedad que enfatiza Ostrom (2000).

ABSTRACT

This work provides an understanding of violence as a political phenomenon whose analysis should be separated from the causes that lead to the context in which it occurs. In this sense, it offers an analysis of the political use of violence in the context of land conflicts as a dependent variable in function of the level of control that political actors enjoy on a section of the territory. It specifies the conditions of the context in which violence takes place, which at the same time determines the set of strategies the actors, i.e. farmers and peasants, can resort to. This work incorporates into the analysis the notion of property rights developed by the school of New Institutional Economics as a tool to determine the level of control that the actors in land conflicts enjoy in a given territory. For this purpose, we use the theoretical model of political economy of violence in civil war developed by Kalyvas (2006). The paper establishes the convergence and divergence between civil war and rural conflicts which enables the application of this theoretical model to the latter context. It is intended to help overcome biases and dominant theories that see violence as a pathological or anomic phenomenon, which inhibits the empirical research and analytical work. According to preliminary results, it seems reasonable to suggest that there is a causal relationship whereby the better-defined property rights are less likely to cause rural conflicts and to resort to coercive violence. However, no conclusive evidence was found on the relationship between de facto property rights and the use of coercive violence. These observations are agnostic, at least  in first place, to those of problems of distribution of property rights posited by Ostrom (2000).

INTRODUCCIÓN


La   mayoría   de   los   aparceros  de  este distrito instigados  con    malevolencia   por   diversos   agitadores rehúsan     reconocer     nuestros    dominios    a   pesar de   las   sentencias   judiciales.   Nos   impiden establecer hatos, con detrimento de la industria ganadera, queman   posesiones,   amenazan  vidas.

Este es el texto de un cable enviado a Bogotá el 12 de septiembre de 1918 desde la provincia. De esta manera, Gilhodes (1988, p. 23) rescata del olvido la percepción de los hacendados sobre la agitación que inician los campesinos inconformes con sus condiciones de vida. En la misma época, en Viotá, Cundinamarca, los campesinos queman edificios públicos y se niegan a seguir trabajando en las haciendas. Son eventos aislados pero simultáneos en varias regiones, cuando el país experimenta el despegue cafetero. Es el comienzo de un ciclo de eventos que determinan la vida de una sociedad primordialmente agraria y rural durante la primera mitad del siglo veinte, con más del 70% de la población total en el campo. Durante la década de los veinte, los campesinos radicalizan sus propósitos y se agudizan los conflictos: no sólo reclaman mejores condiciones laborales en las haciendas, incluyendo la eliminación de castigos físicos, sino la distribución de tierras (Fajardo, 1977, p. 284; 1983, p. 59; LeGrand, 1988). Es la forma de reclamar su participación en la distribución de beneficios derivados de la producción cafetera.

Los trabajos sobre los conflictos agrarios han destinado esfuerzos a reconstruir los hechos y comprender su dinámica, determinando sus causas y efectos. Las causas de los conflictos son diversas dependiendo de la fase en que se encuentren (LeGrand, 1988). Desde la perspectiva de los campesinos, se mencionan las demandas laborales, las reclamaciones por indemnización de mejoras y la distribución de tierras. Desde la perspectiva de los hacendados, LeGrand (1988) ha señalado que, en una primera fase, los conflictos se originaron en la competencia por baldíos y las reclamaciones laborales de los campesinos.

A partir de los años veinte, es la escasez de mano de obra la que motiva a los hacendados a ocupar las tierras cultivadas por los colonos, para desplazarlos, usurpar sus tierras, con el objetivo de forzarlos a ofrecer su mano de obra en las haciendas. Como lo acreditan varios estudios sobre los conflictos agrarios, la queja recurrente de los hacendados es la falta de brazos (Kalmanovitz y López, 2006, p. 66). Esta escasez se atribuye básicamente a la oferta de empleos asalariados en las obras públicas impulsadas por el estado colombiano con los ingresos fiscales por las exportaciones cafeteras y la indemnización que pagó Estados Unidos por la separación de Panamá. Los hacendados compiten por la demanda de mano de obra de la industria textilera y trilladora, así como en los servicios públicos de los florecientes centros urbanos. También compiten por la propiedad de la tierra con la oferta de baldíos, además de las poco competitivas condiciones de trabajo que ofrecen en las haciendas.

Con la valoración de la producción cafetera exportable, que entre 1918 y 1919 salta de 20 millones de pesos corrientes a 54 millones (Junguito et al, 1991, p. 23), aumenta “la presión sobre la tierra y sobre la mano de obra” generadoras de conflictos (Kalmanovitz y López, 2006, p. 67). Según esta versión, la violencia tiene un uso táctico: hostigar a los colonos para ocupar sus tierras preferiblemente las cultivadas, que eran finalmente las más próximas a los centros de abastecimiento y comercialización del grano (LeGrand, 1988, 2007).

Sin embargo, lo que se evidencia en varios casos es que en no todas las manifestaciones de conflicto se emplea la violencia física y mucho menos de manera letal. Hay suficientes indicios de que los conflictos agrarios no se presentan en un vacío institucional o a propósito de un colapso del orden político, sino dentro del funcionamiento institucional vigente. Ahora bien, establecer la causa de los conflictos agrarios, no satisface necesariamente la pregunta por las condiciones en las cuales se recurre a la violencia. Intuitivamente se podría plantear que tampoco puede ser igual un hecho violento en medio de una riña callejera a la violencia en conflictos más complejos como los agrarios. Se suele confundir la causa de la violencia con su propósito, así se dice que A mató a B para obtener Z. Pero la pregunta queda sin respuesta aún porque Z puede ser el propósito de A pero no su causa. La pregunta podría reformularse coloquialmente, así: ¿por qué A mató a B y no a C, precisamente ese día y en ese lugar? Además, ¿por qué no aprovechó y mató de paso a C?

La pregunta por la causa exige una respuesta al por qué, no al para qué. De hecho, la confusión frecuente entre estos interrogantes, como si fueran intercambiables, ha dado lugar al enfoque funcionalista de la ciencia social, al que se opone Alston (1996, p. 26) al acusarlo de inferir las motivaciones de la conducta o los arreglos institucionales a partir de sus consecuencias. Motivaciones que son difícilmente observables y verificables (Kalyvas, 2006). Es lo que Kalyvas denomina relación causal invertida: observo un fenómeno y, luego infiero que x es la causa (2006). Pero la pregunta por la causa de ninguna manera puede conducirnos por la senda más especulativa aún de inferir principios generales de la conducta, inmutables, como la ley de la gravedad. Menos aún respecto de los más complejos fenómenos sociales. Lo que se propone, siguiendo a Elster (2003), es la tarea de descifrar los mecanismos causales, la cadena de eslabones finitos que nos conducen desde A hasta B. La identificación de estos mecanismos con cada uno de sus eslabones supone que se está en la capacidad para descifrar su funcionamiento interno, las condiciones endógenas, con independencia de las exógenas, que por supuesto condicionan su funcionamiento. Este trabajo demanda un proceso empírico riguroso de verificación de los supuestos, de cada eslabón, para poder construir una teoría explicativa o predictiva consistente, teniendo presente que los fenómenos sociales no se producen ni reproducen en laboratorios.
En el caso específico de los conflictos agrarios, LeGrand (2007, p. 137) propone considerar “la expansión de las grandes haciendas como una forma de adquisición de mano de obra”. El argumento de LeGrand va así:

“[…] en Colombia, a la vez que se desarrolló la economía exportadora, aumentó la concentración de la tenencia de tierra a través de un proceso de desposeimiento de miles de colonos, y que, al mismo tiempo que se formaban las grandes propiedades, se creó la mano de obra para trabajar en ellas.” (2007, p. 128).

En este sentido, observa que:

“[…] los conflictos entre los colonos y los hacendados no se desenvolvieron únicamente sobre el papel, sino que también hubo confrontaciones directas y a veces violentas. A fin de legalizar el estatus de colono, el campesino debía permanecer en la tierra y no firmar ninguna clase de contrato de aparcería o terrazgo, pero cuando se negaba a hacerlo, el terrateniente pedía al alcalde que lo obligara a abandonar la parcela. Aun después del desalojo, a veces los colonos desafiaban a las autoridades y, cuando la policía se iba, regresaban obstinadamente a cultivar sus campos. Cuando esto ocurría, los grandes hacendados respondían con un hostigamiento más directo […] enviaban a la cárcel a los líderes de los colonos, haciéndoles acusaciones falsas. En algunos casos los hacendados formaban cuadrillas de vigilantes para que atacaran a los colonos más recalcitrantes y para intimidar a los demás. Por lo general, con estas tácticas lograban que los campesinos firmaran los contratos de aparecería o que abandonaran la tierra, pero en algunos sitios, durante años, los colonos se negaron a renunciar a sus derechos.” (2007, p. 129-30).

Este texto permite señalar la magnitud de la tarea que se propone el presente trabajo. Por una parte, la necesidad de distinguir, en esa etapa de los conflictos agrarios, las causas de los conflictos agrarios con las causas y propósitos de la violencia registrada. Las diversas formas de violencia parecen emplearse con el de obligar a los colonos a que suscriban contratos de arrendamiento, mediante los cuales el hacendado les concesiona una parcela dentro de su propiedad para que a cambio, sin remuneración, trabajen en los cultivos de la hacienda o le entreguen el producto de la parcela, a cambio del canon o renta por la parcela. En estas condiciones, con las ofertas alternativas del entorno, es de suponer que sin la violencia, los colonos no suscribirían dichos contratos.

De acuerdo con LeGrand, el blanco de los ataques y amenazas son los líderes de los colonos y los colonos más recalcitrantes. Se advierte un propósito claro en el empleo de la violencia: intimidar a los demás. En otras palabras, el valor coercitivo de la violencia consiste precisamente en que se utiliza contra unos individuos es intimidar a otros con la finalidad de que realicen una conducta concreta o se abstengan de hacerlo. La violencia es una fuerza que puede doblegar la voluntad, la del más obstinado, de la persona a quien se dirige. Vale suponer que pone en riesgo la vida misma. Como resultado, lo racional es que una persona que valora la vida, confrontada de esta manera con la alternativa de realizar una determinada acción o morir, prefiera optar en ese momento por la primera alternativa. Así, la violencia posee una capacidad performativa que consiste en cumplir una función de comunicar con el acto mismo el mensaje amenazante y creíble de hazlo o te mato. Pero, como se advierte siguiendo a LeGrand, esta violencia implica discriminar entre unos individuos y los demás. Este carácter selectivo de la violencia supone que los perpetradores están en capacidad de identificar a los líderes y a los colonos más recalcitrantes. Poner en riesgo la vida de estos individuos significa disminuir el valor de la vida de los otros, para los perpetradores, obviamente. Pero como las víctimas mantienen constante el valor de su propia vida, aumenta el costo de no obedecer y realizar la conducta requerida. La amenaza se hace más creíble aún: Si son capaces de matar a fulano que es un líder, como no van a matar a mengano que no es nadie, puede pensar cualquiera.

Como resultado, el individuo amenazado decide realizar la conducta impuesta a poner en riesgo su vida. Sin violencia, la preferencia del colono es otra: no trabajar en la hacienda, migrar. En este análisis preliminar tratamos de describir, muy superficialmente, cómo opera el mecanismo de la violencia: modifica la conducta final, limitando las alternativas que tiene un individuo. Cada alternativa tiene inicialmente un valor diferente para cada individuo, que el perpetrador consigue modificar con la violencia: alterando las expectativas del individuo. Ese mecanismo puede que sea un sentimiento, una percepción, un motivo, con la potencia suficiente para doblegar al más obstinado: el miedo, el terror. Es decir, en ese momento, en el corto plazo, el individuo efectúa un cálculo, sopesa las alternativas y escoge una estrategia: la menos costosa, según la teoría de la elección racional [rational choice].

Pero aún no respondemos la pregunta por el por qué se emplea la violencia. Hemos obtenido respuestas al para qué y al cómo y al contra quién. Tampoco sabemos el cuándo ni el dónde. El objetivo principal de este trabajo es precisamente hallar respuestas para estos interrogantes sobre la violencia en el contexto de los conflictos agrarios. Este trabajo se ha planteado el objetivo de corroborar si la violencia en los conflictos agrarios cumple esa función selectiva y coercitiva que le atribuye LeGrand (1988, 2006) por una parte, y hallar una respuesta a la pregunta por la causa específica de la violencia en dicho contexto. Kalyvas (2006), autor de The Logic of Violence in Civil War, proporciona una teoría para la comprensión de la violencia como un fenómeno autónomo, que adopta según el contexto un carácter instrumental. Bajo condiciones específicas, como en la guerra civil, Kalyvas atribuye a la violencia un sentido, una lógica, una racionalidad. Por supuesto, esta perspectiva riñe con las tradiciones teóricas dominantes que ven la violencia como una enfermedad o un acto irracional, una expresión de barbarie. Estos enfoques inhiben el trabajo empírico y analítico por sustracción de materia, no puede descifrarse ningún mecanismo causal si la violencia no es racional. Pero la apuesta de Kalyvas es su pretensión explicativa y predictiva del fenómeno. De manera se pueda indagar por las causas de la violencia coercitiva pero también responder a las preguntas por el cuándo y  dónde  se produce el fenómeno y qué relación puede establecerse con los derechos de propiedad sobre la tierra.◙

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo aborda el análisis del fenómeno de la violencia en el contexto de los conflictos agrarios. Se trata de una aproximación al uso político de la violencia, en tanto que violencia coercitiva, cuyo propósito es el control o gobierno de una población. Los conflictos agrarios que tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo veinte en Colombia generalmente son caracterizados como fenómenos sociales que tuvieron repercusiones económicas y políticas. A estos conflictos se les atribuyen cambios en la estructura de la propiedad agraria y en la dinámica de las relaciones laborales en el campo; la redistribución de los excedentes generados por la producción cafetera; la eficiencia en el uso intensivo de la tierra y la decadencia de la hacienda tradicional como unidad de explotación económica; la formación de una coalición de gobierno de centro-izquierda que lleva al poder al Partido Liberal después de un largo período de hegemonía conservadora; y los cambios constitucionales y legales que se produjeron durante el gobierno liberal de López Pumarejo. Otros elementos de los conflictos agrarios como las organizaciones campesinas y su articulación con los partidos de izquierda que se crearon en los años veinte, también son considerados.

     Las principales causas de los conflictos se suelen esquematizar como un entramado de luchas por la propiedad de la tierra entre colonos campesinos, indígenas y hacendados; disputas por las mejoras en los terrenos de las haciendas por parte de los arrendatarios; y problemas de escasez de mano de obra en el campo. No obstante, en el conjunto de trabajos sobre los conflictos agrarios, la violencia no deja de ser un fenómeno marginal y episódico, el producto natural y la manifestación de la polarización de intereses de campesinos y hacendados en sus fases más agudas. En ocasiones, se superponen las causas de los conflictos con las descripciones y explicaciones sobre la violencia.
     La violencia se suele presentar como un instrumento de represión del aparato estatal que representa los intereses de los hacendados en contra de los campesinos, y también como un instrumento de la lucha del campesinado por mejorar su posición económica. No faltan las descripciones de la violencia en los conflictos agrarios como teatros de sangre y arbitrariedades. Estas descripciones inhiben el trabajo analítico y empírico de la violencia a nivel micro, donde se producen las interacciones individuales, lo que explica la ausencia de un trabajo sistemático en este nivel sobre el fenómeno que trascienda las anécdotas y testimonios.

     Por el contrario, este trabajo coloca en el centro la comprensión del fenómeno de la violencia. Pretende poner a prueba las proposiciones dominantes como las formuladas por LeGrand y otros investigadores, según la cual la violencia fue empleada en el contexto de los conflictos agrarios por los hacendados contra los campesinos para despojarlos de sus tierras y obligarlos a ofrecer su mano de obra en las haciendas. Por parte de los campesinos, la violencia es un instrumento de lucha y de resistencia. Esta vaguedad no permite identificar las condiciones que en uno y otro caso conducen al empleo de la violencia, como tampoco explica las variaciones en el uso de la violencia de una región a otra. Este trabajo pretende aportar los elementos para explicar estas variaciones y, más interesante aún, para entender en qué condiciones los actores políticos recurren a la violencia y cuando se abstienen de hacerlo.

     La teoría de Kalyvas, en que se fundamenta este trabajo, ofrece un enfoque analítico para explicar y predecir el fenómeno de la violencia política en el contexto de la guerra civil. Este trabajo pretende aportar elementos para el trabajo empírico y analítico en relación con la violencia en contextos diversos como los conflictos agrarios, que puede contribuir a campos como la resolución de conflictos políticos, la regulación y los cambios institucionales en materia de conflictos agrarios◙

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo se interroga por las condiciones en las cuáles la definición o indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra (en las zonas rurales, destinadas a la producción agrícola exportable) podrían considerarse la causa del uso de la violencia en el contexto de los conflictos agrarios.

OBJETIVOS

El presente trabajo tiene como objetivo general:

·         AMPLIAR la comprensión de la violencia como fenómeno político en contextos como los conflictos agrarios, donde se utiliza para controlar a una parte de la población y como instrumento de resistencia, y de su relación con la definición o indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra.

Los objetivos específicos son:

·         ESTABLECER las causas del empleo de la violencia coercitiva en los conflictos agrarios que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo veinte en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, Colombia, en especial, en relación con los derechos de propiedad sobre la tierra.
·         TESTEAR mediante su formulación como hipótesis de trabajo las conclusiones de LeGrand (2007) según la cual la violencia en los conflictos agrarios fue empleada por los hacendados contra los campesinos para despojarlos de sus tierras y expandir sus propiedades de manera que los campesinos quedasen obligados a ofrecer su mano de obra en las haciendas.
·         VERIFICAR las hipótesis de Kalyvas (2006) sobre el uso político de la violencia en la guerra civil como una función del nivel de control que cada uno de los actores rivales ejercen en una parte del territorio, aplicadas en el contexto de los conflictos agrarios.