La escuela de economía neoinstitucional proporciona herramientas conceptuales y mecanismos causales que se fundamentan, al igual que el modelo teórico de Kalyvas, en la teoría de la elección racional (Eggertsson, 1996, p. 17-20). Sin embargo, esta escuela introduce dos ajustes fundamentales a la teoría: supone que los individuos toman sus decisiones sin contar con información completa (asimetrías en la información) y que obtener la información implica costos. Estos supuestos ajustados son compatibles con los supuestos postulados por Kalyvas sobre la conducta de los individuos en la producción de la violencia en la guerra civil: son maximizadores de la propia supervivencia (North, 1993, p. 41).
Las restricciones del modelo teórico de Kalyvas imponen que se expliciten las condiciones específicas en que un concepto de control, tomado en este caso del neoinstitucionalismo, sea exógeno o endógeno a la producción de violencia. Debe tenerse en cuenta que, según Kalyvas, un territorio se encuentra bajo el control de un actor político cuando posee la capacidad organizacional y militar para vigilar a la población y obtener su obediencia mediante el empleo de la violencia coercitiva, disuadiendo la defección y previniendo la presencia del actor rival. El concepto de control que se adopte debe cumplir esta misma función.
En la perspectiva neoinstitucional, las instituciones son las reglas de juego, formales e informales, que constriñen la conducta individual y moldean la interacción social (Eggertsson, 1996, p. 7). Es decir, las instituciones sociales estructuran la interacción social (Knight, 1992, p. 2). En esta medida, las instituciones cumplen la misma función que la guerra civil en la teoría de Kalyvas porque el contexto selecciona a los actores y define las estrategias entre las cuales pueden elegir. Además, estas perspectivas resultan congruentes si se tiene en cuenta que la violencia política no se produce en un vacío o caos institucional, sino que precisamente ocurre por las condiciones que impone el entorno.
Tanto en el análisis de la guerra civil como en el análisis institucional, la naturaleza de la interacción social constituye un rasgo elemental. En el primer caso, la intimidad define la producción de violencia selectiva o personalizada y el carácter mismo de la guerra civil. En el análisis institucional, el predominio de relaciones personales o impersonales define la naturaleza del orden político y social, el uso de la violencia, la competencia política y económica, y la distribución de las rentas o beneficios sociales (North Wallis Weingast, 2009, p. 23, 32-38, 121-123). Así, en los denominados órdenes de acceso limitado [limited access orders] o estados naturales [Natural States] predominan las relaciones personales; mientras que en los órdenes de acceso abierto [open access orders], que caracteriza a los estados modernos democrático y desarrollados, predominan las relaciones impersonales. En los estados naturales, la probabilidad del uso personalizado o selectivo de la violencia coercitiva también es mayor. Luego se puede colegir que la probabilidad de guerra civil es mayor en los estados naturales, como en la Colombia predominantemente rural de las primeras décadas del siglo veinte, que en los estados modernos democráticos y desarrollados.
Las instituciones formales son básicamente las normas generales que las autoridades de un Estado, democrático o autoritario, adoptan mediante procedimientos establecidos y son públicas porque se divulgan de manera que se presume su conocimiento público. En esta categoría se incluyen las normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como las decisiones judiciales que señalan reglas generales para resolver un caso (North, 1993, p. 67). Generalmente las instituciones formales adoptan la forma de expresiones verbalizadas, como las normas escritas y sentencias (Knight, 1992, p. 67), aunque no deben excluirse los símbolos que representan la autoridad.
Las instituciones informales son básicamente las costumbres o prácticas sociales. Puede afirmarse que las instituciones formales se producen de arriba hacia abajo, de manera centralizada, mientras que las informales se producen de abajo hacia arriba, de manera descentralizada. Estas instituciones no necesariamente adoptan la forma de expresiones verbalizadas. En contraste con las instituciones, las organizaciones están conformadas por individuos que coordinan sus acciones e interacciones mediante estructuras institucionales internas sujetas a las restricciones generales que impone el entorno institucional (North, 1993, p. 15; Knight, 1992, p. 3).
Las instituciones sociales estructuran la acción social porque afectan la racionalidad de los actores sociales. Con independencia de sus motivaciones, los individuos actúan racionalmente maximizando su función de utilidad. En el modelo de Kalyvas (2006), los individuos maximizan la supervivencia y los actores políticos, el control; en la perspectiva neoinstitucional, los individuos maximizan los beneficios económicos, reduciendo los costos por ejemplo, pero también valoran su supervivencia (Knight, 1992).
El proceso de elección racional se produce en un contexto de interacción social, de interdependencia, mediante el cual los individuos formularán sus estrategias de acuerdo con sus expectativas que se formen sobre las elecciones que harán los demás. En este proceso, la función principal de las instituciones es la formación de las expectativas que disminuyen la incertidumbre (North, 1993, p. 41; Knight, 1992, p. 48). De esta manera, las instituciones sociales afectan el proceso de elección racional definiendo las estrategias al alcance de los individuos, de la misma manera que la guerra civil define el conjunto de estrategias que los actores políticos y los civiles pueden escoger. Knight (1992, p. 54) explica que los mecanismos mediante los cuales las instituciones definen las expectativas y aseguran al mismo tiempo su cumplimiento, limitando las elecciones de los individuos, son: (a) el suministro de información acerca de las elecciones de los demás individuos; y (b) la amenaza de sanciones por incumplimiento. Como lo formula North: “El resultado de esa estrategia dependerá obviamente de la efectividad del monitoreo y de la severidad del castigo” (1993, p. 15). Unos mecanismos análogos se ponen en funcionamiento en la guerra civil.
La principal manifestación de las instituciones sociales son los derechos de propiedad (Eggertsson, 1996, p. 8-9). Esta noción implican la capacidad que tiene efectivamente un actor para usar o controlar un recurso (Alston et al, 1996, p. 31). En este sentido, trasciende la dimensión jurídica. De acuerdo con Knight (1992), las instituciones sociales en general y los derechos de propiedad en particular determinan la manera cómo se distribuyen los beneficios sociales. De manera análoga a cómo los niveles de control sobre un territorio definen la distribución de la violencia. En esta medida, el propósito principal de los actores políticos que determinan las instituciones sociales es obtener una ventaja estratégica respecto de los demás actores, cuyo contenido sustancial debe reflejarse en una distribución específica de dichos beneficios a su favor (Knight, 1992, p. 40).
Estos efectos distributivos, introducen el problema de las asimetrías de poder en el orden social. Knight postula que la distribución de los beneficios definidos por las instituciones sociales es reflejo dichas asimetrías. Según Knight (p. 41), introducir el poder en el análisis institucional evita las racionalizaciones ex post que operan, como el sesgo de las inferencias, invirtiendo la dirección de la relación causal. Según Knight (p. 41), con estas racionalizaciones se atribuye la ventaja de poder a quienes se benefician de los resultados, por lo que resulta importante determinar las asimetrías de poder ex ante. En el presente trabajo, el poder es un aspecto central que se concreta en el uso político de la violencia. También interesa analizar cómo las asimetrías de poder definen la distribución espacial y temporal de la violencia política. En el contexto de los conflictos agrarios, deberá precisarse si las asimetrías de poder preceden el orden institucional y la distribución de la propiedad rural, y, de este modo, las causas del conflicto y de la producción de violencia.
Eggertsson (1996, p. 8) equipara el término poder con el de capacidad, la cual se determina por el ejercicio de control externo/exógeno como del control interno/endógeno. El control exógeno lo proporciona el entorno institucional de cada individuo definiendo qué normas se aplican, qué expectativas tener y quién hace cumplir dichas normas e imponer las sanciones, una función generalmente confiada en los estados modernos en las autoridades judiciales y de policía. Es decir que las sanciones son confiadas a un tercero y dependen de este tercero definir entonces los pagos a los individuos que participan en un juego (Knight, 1992, p. 64). El control endógeno es el que los individuos por su propia cuenta implementan para obtener o conservar el control sobre los recursos escasos, incluyendo el monitoreo, el cercamiento, la contratación de guardias privados, la verificación de la reputación de los demás y otras medidas (Eggertsson, 1996, p. 8). Por supuesto, estos controles implican costos de supervisión y ejecución que pueden ser estimados (North, 1993, p. 68; Ostrom, p. 312-23). Técnicamente se les denomina costos de transacción en que se incurre por la protección de los recursos (Eggertsson, p. 8); condicionan la capacidad de un individuo para proteger sus derechos por cuenta propia (Knight, 1992, p. 43). De manera análoga en la teoría de Kalyvas, la producción de violencia selectiva también implica costos, relacionados con el monitoreo directo de la población, la protección de los delatores y la sanción de los desertores.
El poder consiste en últimas en la capacidad de afectar el conjunto de alternativas disponibles de un individuo o grupo de personas (Knight, p. 41-2). Al igual que en Kalyvas (2006), hacen explícitos los mecanismos causales mediante los cuales los actores afectan dicho conjunto de alternativas, teniendo en cuenta variables como la aversión al riesgo. La perspectiva neoinstitucional modela las interacciones de los individuos bajo supuestos de elección racional, utilizando desarrollos de la teoría de juegos como interacciones cooperativas y no cooperativas. Aunque las asimetrías de poder se suponen previas a las instituciones y, por lo tanto, a los derechos de propiedad, en realidad se refuerzan mutuamente porque dicho poder depende precisamente de la distribución de beneficios que determinan las instituciones. Para Knight (1992), las asimetrías de poder dependen a su vez de las asimetrías de recursos, como el dinero, y podríamos incluir la violencia.
Teniendo las consideraciones anteriores, se puede concluir que en la perspectiva institucional los derechos de propiedad también trascienden la dimensión económica, ya que aspectos como la titularidad [specification] y la protección [enforcement] dependen del poder político [political power] de los actores que compiten por esos derechos, como puede observarse particularmente en los conflictos de tierras (Alston et al, 2009, p. 2). De acuerdo con Alston et al (2009, p. 2), los derechos de propiedad pueden ser formales [de jure] o informales [de facto]. En los primeros, las normas constitucionales o legales definen la manera como se adjudican, venden o transfieren, los procedimientos de registro de la propiedad y, por lo tanto, las reglas sobre títulos. La protección de los derechos de propiedad de jure en los estados modernos está confiada a un tercero [third-party enforcement], generalmente los agentes estatales.
En contraste, según Alston et al (2009, p. 2), la especificación y protección de los derechos de propiedad de facto corre por cuenta de los mismos individuos interesados [first-party enforcement], a través de milicias privadas (2009, p. 4), o es confiada a segundas partes, como organizaciones gremiales, ligas campesinas o árbitros [second-party enforcement]. Es posible encontrar una combinación de ambas modalidades de derecho que se refuerzan mutuamente, como lo prevé la legislación civil colombiana que desde el siglo diecinueve ha previsto la posesión pacífica [de facto] de la tierra con ánimo de dueño como un medio de adquisición de derechos de propiedad formales [de jure]. El entorno institucional define qué tipo de derechos de propiedad pueden ejercerse, quién puede ejercerlos y cómo serán protegidos. Si los derechos son formales, se protegerá a los titulares sin necesidad de que incurran en costos adicionales por la protección por cuenta propia. Si son derechos de facto, como la posesión, no se proveerá protección hasta tanto no se cumplan las condiciones de titulación. Si los individuos con derechos formales reclaman los derechos de facto sobre terrenos adyacentes, no se les protegerá pero podrán destinar los recursos previstos para proteger sus derechos formales a la protección de los derechos de facto por cuenta propia. Estas condiciones pueden considerarse endógenas a los derechos de propiedad y, por lo tanto, compatibles con el modelo teórico de Kalyvas en relación con la distribución espacial del control.
De lo anterior se sigue que si los costos de proteger los derechos de propiedad por cuenta propia son prohibitivos o son superiores a los costos de obtener el cumplimiento voluntario de los demás, simplemente no lo harán y los individuos recurrirán a la protección que provee el entorno institucional a través de un tercero, como cuando se recurre a la intervención de los jueces o la policía. También pueden organizarse para confiar dicha protección a una segunda parte común. Si los costos de proteger los derechos de propiedad por cuenta propia son inferiores al costo de lograr el cumplimiento voluntario de los demás, los individuos recurrirán a los medios privados de protección o control, incluyendo el uso de la violencia. De manera análoga a las instituciones sociales, Kalyvas (2006, p. 26) sugiere que la violencia cumple en el contexto de la guerra civil la función de moldear la conducta de los individuos que tiene como objetivo y el mecanismo mediante el cual lo hace es alterando las expectativas de los individuos. En este sentido, podemos avanzar una hipótesis según la cual la violencia, al desafiar el control en un entorno institucional dado, sustituye de facto la función de las instituciones sociales, como su manifestación principal en los derechos de propiedad. En consecuencia, puede postularse que la violencia, siguiendo el modelo teórico de Kalyvas, modifica el equilibrio/desequilibrio de poder existente en una zona y tiempo dados.
En el contexto de los conflictos agrarios puede esperarse razonablemente que la violencia cumpla las mismas funciones atribuidas por Kalyvas en el contexto de la guerra civil en la medida que el monopolio de la violencia estatal es desafiado por una parte de la población que se alza en armas bajo un nivel mínimo de organización, como la evidencia anecdótica permite postularlo en el caso de Colombia. Para que el control sea una variable independiente endógena respecto de la producción de violencia, los derechos de propiedad deben tomarse en su dimensión política como la capacidad para ejercer el control endógeno, sin perjuicio de la protección que provea un tercero de manera exógena. Debe suponerse entonces que si los individuos cuentan con derechos de propiedad formales tendrán una ventaja inicial sobre el control de la propiedad porque podrán ejercer el control por cuenta propia y contar con el apoyo de las fuerzas oficiales. Los individuos con derechos de propiedad de facto dependerán más de su capacidad para proteger por cuenta propia su propiedad ya que no cuentan con el apoyo de fuerzas oficiales. Los individuos con derechos de propiedad formales tendrán una ventaja inicial en el control de los terrenos adyacentes a su propiedad porque pueden destinar los costos previstos para la protección por su propia cuenta de su propiedad formal a la protección de los terrenos adyacentes, pudiendo acudir siempre a la protección del tercero en defensa de sus derechos formales. Para los individuos sin derechos de propiedad formales, la expansión del control sobre los terrenos adyacentes implica mayores costos. La ampliación del control sobre los terrenos sin títulos no adyacentes a las propiedades o posesiones, implicará asumir costos adicionales por cuenta propia, con lo cual puede esperarse que se dejen abandonadas o se emplee el control exclusivamente para evitar que el rival las ocupe. En el anexo 2.6 se presenta las descripciones asignadas a cada zona para su aplicación al contexto de los conflictos agrarios, de acuerdo con las condiciones de los derechos de propiedad sobre la tierra. Basta agregar que el componente de intimidad que caracteriza a la guerra civil, con sus interacciones personales predominantes, corresponde en la perspectiva neoinstitucional a los estados naturales, de acceso restringido, propio de las sociedades agrarias y subdesarrolladas, en contraste con los estados modernos, democráticos con economías de mercado competitivas, que caracteriza a las sociedades de acceso abierto, donde predominan las interacciones impersonales (North, Wallis y Weingast, 2009).◙
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