2. METODOLOGÍA

En este capítulo se explica el enfoque analítico de Kalyvas y las pretensiones explicativas y predictivas, que se oponen a los enfoques descriptivos y normativos dominantes en los estudios sobre la violencia en la guerra civil y contextos similares, que asumen que la violencia es una expresión de barbarie o una patología social. Se explican brevemente las teorías dominantes y los sesgos principales, que condicionan el proceso de investigación del científico social, desde la selección de los hechos, el nivel de análisis, las interpretaciones y la presentación de los resultados.

Kalyvas sugiere desagregar el análisis en tres niveles: en el macro, donde suele ofrecerse buena parte de los trabajos, se analizan las interacciones de las actores políticos entre sí, tomados como categorías unitarias y más abstractas, como el Estado, la clase dominante, la insurgencia; en el meso, las interacciones entre los actores políticos y a las poblaciones que gobiernan, en esquemas de agencia o descentralizados que hay que descomponer; y en el nivel micro, las interacciones entre grupos e individuos a nivel local. El reto es lograr integrar al final los resultados de los análisis que se obtienen a cada nivel.

           

Se advierten las restricciones del modelo teórico de Kalyvas, cuyo detalle se puede encontrar en los anexos del presente trabajo, como los supuestos de la conducta racional de los individuos, ceteris paribus, frente a expectativas hacia futuro y sobre experiencia pasada, así como sobre la duración del conflicto. Además de estas reservas, el modelo está restringido en principio al contexto de la guerra civil, aunque Kalyvas señale que los mecanismos de la intimidad permitan extender el modelo a otros contextos más pacíficos.

La teoría de Kalyvas es un modelo de economía política de la violencia, cuyos supuestos y mecanismos causales se fundamentan en el modelo de elección racional y sus aplicaciones en teoría de juegos. La aplicación de este modelo no es extraña en el campo de la ciencia política, en la que los trabajos de Dahl, Downs, Riker y Olson son aplicaciones paradigmáticas para la explicación de las relaciones entre desarrollo económico y poliarquía, los fenómenos electorales y las coaliciones políticas. La presentación detallada del diseño de la investigación se encuentra en el anexo 2.

En Colombia, el estudio de la violencia en los conflictos agrarios ha sido un campo dominado por los historiadores, los sociólogos, los antropólogos y los economistas. Las grandes categorías y los datos agregados propios del nivel macro dominan buena parte del horizonte de las investigaciones. En contraste, otros trabajos antropológicos, sociológicos e históricos se centran en el nivel micro, con datos desagregados sin significación estadística o bien anécdotas y testimonios que no han sido sometidos a la crítica. Casi todos los trabajos realizan inferencias sobre las motivaciones de los actores del conflicto a partir de los resultados observados. También se advierte sesgos partidarios como en Sánchez (1984a, 1984b) y Fajardo (1977). Buena parte de los trabajos, cuando no todos, asignan a los cambios institucionales en el nivel constitucional y legal (Ostrom, 2000, p. 93-99) un influjo sobre las conductas observadas a nivel local, que requiere más evidencia empírica sobre la dirección del nexo causal, atendiendo los postulados de North (1993) y Knight (1992) sobre la emergencia del cambio institucional a partir de cambios en los precios relativos y en las prácticas sociales determinadas por asimetrías de poder ex ante. A la reforma de 1936, se le asignan efectos contradictorios.

La evidencia indica (Lleras Restrepo) que no se utilizó como fundamento para realizar expropiaciones en todo el período de estudio hasta 1945, en contra de la voluntad de los propietarios de las haciendas para efectuar parcelaciones y redistribución de la propiedad. Diferentes son los casos reportados por Tovar (s.f.) y otros en que las parcelaciones se hicieron sobre haciendas compradas a los propietarios por el Estado a justo precio, pero precisamente aquellas ofrecidas por los hacendados en venta, que correspondían a las que tenían tierras no aptas para el cultivo.

En todos estos trabajos, la violencia es un fenómeno marginal y, a pesar de que se le trate como un instrumento de represión o de lucha, no por ello se le aprecia como una variable dependiente sino como el resultado en cada episodio de confrontación.

Este trabajo se basa en la evidencia recogida en fuentes secundarias seleccionadas provenientes de estos diversos campos de investigación, lo que representa una fuerte restricción del trabajo dado que la información primaria se encuentra mediada por cada autor. La información es histórica, tanto estadística como anecdótica, referida a hechos ocurridos en esas regiones de Colombia en las primeras décadas del siglo veinte, lo que para el trabajo del científico social implica restricciones iniciales en el registro y conservación de los hechos, descontando los problemas de la sociedad agraria (79% rural) y subdesarrollada como el país de dicha época (dejando a salvo nuestras consideraciones sobre el nivel de desarrollo de la actualidad y sobre el registro y conservación de información).

En este sentido, explicitamos las preocupaciones de Ricouer (2000) en relación con los problemas de las operaciones epistemológicas del saber histórico, como un continuo proceso de selección: de los medios en que se conserva la información; de los hechos mismos, que lleva implícito un proceso de interpretación; y de la escritura misma, que es otro proceso implícito de interpretación con la determinación de sustantivos, adjetivos y verbos, que describen/califican los hechos, los protagonistas y las acciones. Además, Ricouer advierte que dadas las limitaciones fenomenológicas de la memoria, el testimonio debe someterse a la crítica del historiador, tarea que no se evidencia en los trabajos de Fajardo (1977) o Sánchez (1984b).

De hecho, en el curso de la investigación se amplió a dos el número de regiones incluidas (Tolima, Cundinamarca) debido a que la información es escasa y dispersa. Cuando la información sobre los conflictos es agregada (LeGrand, 1988, p. 245-65) o cuando ha sido seleccionada de manera azarosa por el investigador (Tovar, s.f. 87), no es posible discriminar en cuáles se presentaron hechos violentos o no, fatales o no. Un detalle sobre este análisis se encuentra en los anexos. En este sentido nos enfrentamos a los sesgos de agregación de datos y de selección. 

Consideramos pertinente destacar las teorías y sesgos que, en opinión de Kalyvas, inhiben el trabajo empírico y analítico sobre la violencia. En los anexos se incluye una matriz con las características de estas teorías y sesgos especificados en Kalyvas (2006). En primer lugar, se suelen confundir las causas que dieron lugar al contexto, a la guerra civil o a los conflictos agrarios en nuestro caso, con las causas de la violencia que se produce en dichos contextos. Esto se debe a que la violencia no ha sido reconocida como un fenómeno autónomo en el campo de las ciencias sociales y menos aún como fenómeno político propiamente tal (Kalyvas, 2006). También es el resultado de concebir la violencia como un fenómeno sin sentido e irracional, una patología (Kalyvas, 1999, 2006) o producto de la barbarie, una proclividad cultural, una aleatoriedad anómica e irracionalidad anárquica (Kalyvas, 2006, p. 33). Explicitar las teorías dominantes y los sesgos en las fuentes secundarias utilizadas contribuye a corregir la apreciación de las evidencias.

Los neoinstitucionalistas comparten el interés de Kalyvas por un enfoque empírico y analítico sobre los fenómenos institucionales, económicos y de la conducta. Como diría Elster, el trabajo analítico consiste en “descubrir” los mecanismos causales de los hechos sociales y no leyes o principios generales. La determinación de dichos mecanismos, como una cadena de eslabones que nos llevan de un hecho a otro en ambas direcciones. La determinación de estos mecanismos debe soportarse en supuestos teóricos fuertes como los que, para el grupo de científicos sociales que hemos utilizado para este trabajo, proporciona la teoría de elección racional y sus aplicaciones teóricas como la teoría de juegos sobre la conducta humana y la elección de estrategias en sus interacciones con otros individuos. El trabajo empírico consiste poner a prueba dichos mecanismos contra la realidad, haciendo explícitas las condiciones y restricciones del trabajo científico, tanto en relación con las condiciones exógenas, ya que la realidad social básicamente no puede ser tratada como un laboratorio donde se pueden hacer pruebas y controlar poblaciones para corroborar teorías. Sino que la realidad es compleja y dinámica. Las teorías sencillas, con supuestos fuertes, con mecanismos causales con todos sus eslabones definidos, habilitan al científico social para condicionar los resultados de su trabajo a las condiciones de cada contexto, es decir, las condiciones exógenas. Pero la fortaleza de la elección racional es poder construir teorías sobre supuestos fuertes de la conducta humana, observable y verificable, con cierta indiferencia, escepticismo, o para utilizar el término preferido de Kalyvas: un agnosticismo frente a las motivaciones de dicha conducta, las cuales son menos observables y muy difícilmente verificables.

Este trabajo se ha aventurado a postular como estándar para establecer el nivel de control sobre un territorio, la noción de derechos de propiedad, en el entendido de que el contexto de los conflictos agrarios no implican una ruptura del orden institucional vigente que los reconoce y protege, al menos formalmente. La protección en la práctica debe examinarse caso por caso a nivel micro. En este trabajo se ha partido del supuesto, utilizado con mucha cautela, de que la titularidad de los derechos de propiedad (de jure) confieren un poder o control superior al que confiere la posesión  (propiedad de facto), en el entendido de que los conflictos no se presentan en un vacío institucional y que lo que está en disputa es precisamente dicho derecho.

Por lo que se puede postular un control endógeno a los derechos de propiedad, para que se pongan en funcionamiento los mecanismos causales de la violencia, que depende en buena medida del entorno institucional no necesariamente el formal de las constituciones y las leyes, ubicadas a un nivel macro dentro del análisis institucional, según la tipología de niveles de análisis institucional de Ostrom (2000, p. 93-99), sino precisamente al nivel operativo donde tienen lugar las prácticas sociales y las interacciones individuales locales. De acuerdo con la perspectiva neoinstitucional, en este nivel micro de las prácticas y las interacciones sociales es donde se produce el cambio institucional y donde las instituciones formales encuentran su sostén o su decadencia.

Se ha sugerido que dicho problema se resuelve suponiendo que, en el entorno de los conflictos agrarios, en el que no se ha producido una ruptura del orden constitucional y legal, un caos o vacío institucional, los derechos de propiedad o su pretensión por los individuos van asociados a mecanismos culturales, a la costumbre, a la fuerza de las instituciones informales, que nunca faltan, según los cuales quién puede acreditar la titularidad del derecho tiene mayores ventajas en la práctica que quien no puede hacerlo, como sucede con la posesión o propiedad de facto, según Alston y otros, sobre baldíos o sobre las tierras incultas de las haciendas susceptibles de ser expropiadas por el Estado a favor de quien las explotara económicamente, incluso antes de la reforma constitucional de 1936 y de la Ley 200 del mismo año. De hecho, Lleras Restrepo (1982) recuerda que antes de estas reformas, la Ley 74 de 1926 facultaba al Estado para expropiar a su dueño las tierras incultas, pero con la obligación de indemnizarlo con el valor total del predio, implicando un peso fiscal enorme, que inhibía a que se hiciera efectiva a pesar de las evidencias. Otros trabajos académicos y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como la mencionada decisión de 1926 en la que confirmó la doctrina consistente con el Código Civil colombiano de inspiración napoleónica, dentro de la tradición del derecho romano, consagraba un derecho absoluto sobre la propiedad pero a la larga condicionado a la explotación económica por la vía de la prescripción adquisitiva del dominio para quien acreditara la explotación del mismo (con ánimo de señor y dueño) pero en un horizonte de tiempo tan prolongado, más de 20 años, lo cual inhibía cualquier pretensión de dueño porque el titular siempre podía interrumpir esa tenencia “pacífica”.

Por supuesto, estos comentarios dependen todos de la solidez del marco teórico y no todas las teorías ofrecen al científico social la misma confianza, por decirlo de algún modo. Kalyvas señala que en la concepción de la violencia como un producto y manifestación de la barbarie subyacen cuatro teorías dominantes, en las tradiciones de Hobbes, Arendt, Walzer, Schmitt y Clausevitz, al lado de las versiones patológicas de la violencia como resultado de los sesgos dominantes en la investigación científica de fenómenos políticos y sociales, los cuales inhiben la investigación empírica y el trabajo analítico sobre la violencia política.

Pero el análisis del fenómeno de la violencia, cuando la teoría y las condiciones empíricas lo permiten, como procede Kalyvas, está sujeto a la crítica de las fuentes, por lo que en nuestro caso, donde las fuentes son secundarios, hemos creído pertinente analizar no sólo el fenómeno según la evidencia que dichas fuentes presentan sino también a las fuentes mismas. Al cabo de su trabajo, el científico social tendrá siempre la tarea de reconocer las restricciones interpretativas y empíricas con las que cuenta.

Esta perspectiva del trabajo obliga a dejar abierta la tarea crítica sobre las fuentes y la lectura de los datos utilizados. Por ejemplo, los datos cuantitativos se presentan en muchas ocasiones agregados de manera que solamente existen oportunidades para las inferencias. En otras, no hay constancia de que los testimonios hayan sido sometidos a la crítica, como en Fajardo (1977), pero de cualquier forma los utilizamos como indicios de lo sucedido. Las fuentes se pretenden a sí mismas como descriptivas pero primordialmente explicativas, interpretativas diríamos con Kalyvas, en el sentido de que los hechos de los conflictos agrarios y de los episodios de violencia solamente adquieren significado, una racionalidad que se impone desde fuera, cuando se les interpreta. Por lo que la información no sólo escasea, está dispersa en relación con regiones, cronologías, sino que es vaga y está atada a la formulación que sobre esos hechos nos propone el investigador. Tenemos entonces a nuestra disposición, a través de esas fuentes, información agregada cuando no desciende a la anécdota o la narración episódica, desarticulada, sin un trabajo sistemático de recolección por marcos geográficos y temporales. No nos referimos al fenómeno de la violencia, que en ninguno de los trabajos seleccionados, es el aspecto central de estudio, sino a los conflictos agrarios que le sirven de contexto y que si han sido objeto de un cuerpo de estudios disciplinados.

Obviamente, no debe esperarse, como advierte Kalyvas, hallar evidencias menudas y debidamente empaquetadas sobre la violencia, menos aún tratándose de las denuncias privadas, las venganzas y contraretaliaciones. Pero sí debería esperarse contar con un trabajo etnográfico más riguroso sobre los conflictos agrarios, más sistemático y más minucioso. Además, que se destapen las teorías que permiten hacer supuestos y adivinar motivaciones de los actores en conflicto. En el campo de la ciencia política, el trabajo sobre la violencia es más crítico: debe indagarse por esos mecanismos del poder que la activan en determinados entornos, con ciertos propósitos, mediante ciertos mecanismos. ◙