4. CONCLUSIONES

 

La violencia es un fenómeno político que requiere ser observado y comprendido de manera más sistemática y a nivel micro. Se necesita un esfuerzo adicional para la reconstrucción más detallada de los hechos de violencia en el contexto de los conflictos agrarios de las primeras décadas del siglo veinte en Colombia. La información disponible hoy es escasa, dispersa y episódica. Es un signo de que el fenómeno es visto como una manifestación de barbarie y locura cuya descripción resulta útil para enfatizar el estado crónico que ha alcanzado algún fenómeno social de mayor entidad. Esto explica en parte su posición marginal y anecdótica en los trabajos sobre los conflictos agrarios. Los sesgos y teorías dominantes sobre la naturaleza de la violencia inhiben el trabajo analítico. En la medida que la violencia sea apreciada como el producto de la bajeza, la irracionalidad, la enfermedad o la anomia social, el trabajo empírico rastreará sólo los elementos superficiales y efectistas que refuerzan esas concepciones.

Kalyvas ofrece una teoría para emprender el análisis de la violencia como un fenómeno autónomo del contexto en que se produce. Ha avanzado en la explicación de los mecanismos causales de la defección, la delación y la producción de violencia como estrategias alternativas de la conducta humana cuanto está en riesgo la propia vida. Esto significa que la violencia tiene una lógica que puede ser descifrada y que el contexto en que se produce importa. De hecho, es el contexto que define a los actores armados y estructura sus estrategias. La guerra civil es un contexto diferente a otro tipo de conflictos internos porque el monopolio de la violencia reservado al Estado es desafiado de manera creíble por una parte de la población. En esta medida el riesgo de supervivencia aumenta y condiciona la selección de estrategias de una manera diferente a los entornos pacíficos. Kalyvas ha restringido inicialmente la aplicación de su teoría al contexto de la guerra civil, que fundamenta el valor asignado a la vida y las elecciones estratégicas. Pero en los conflictos agrarios se observa este riesgo y también los mecanismos que caracterizan la intimidad como elemento esencial en el análisis de Kalyvas sobre la violencia en la guerra civil. En relación con la delación, estos mecanismos operan diferente porque los civiles son los mismos campesinos que, a diferencia de los hacendados, no pueden recurrir a un tercero que ejecute el acto violento por ellos.

A pesar de la escasez de la evidencia sobre las interacciones individuales puntuales, el estudio de cada caso de violencia nos ha permitido centrar el análisis en la conducta con independencia de las motivaciones de los actores involucrados en el conflicto o de sus preferencias previas al mismo. Esta estrategia de investigación permite superar sesgos como las inferencias y abordar la comprensión del fenómeno con un enfoque analítico, tratando de identificar cada eslabón de los mecanismos causales de la violencia que se evidencian en cada caso.

Por supuesto, el contexto de los conflictos agrarios supone un reto adicional para testear las hipótesis formuladas por Kalyvas en relación con la producción de violencia. En la medida que el monopolio estatal de la violencia no se encuentra efectivamente en riesgo y que, por lo tanto, no se han alterado las condiciones habituales para la supervivencia. Este contexto define a los actores rivales con claridad: hacendados y campesinos, éstos últimos de hecho son calificados en la época como insurgentes, rebeldes o subversivos.

Los conflictos agrarios tienen lugar en un entorno institucional débil con un estado fiscalmente en bancarrota y ausencia de regulación de relaciones laborales pero de ninguna manera en el vacío. Sólo hasta 1923 se organizó la banca central autónoma y se estableció una moneda única de curso forzoso. La indemnización que pagó Estados Unidos por la separación de Panamá y los ingresos fiscales generados por el aumento de la exportación cafetera a finales de la primera década del siglo veinte, le permitieron al estado emprender a mediados de los años veinte un plan sistemático de obras públicas, como puertos, ferrocarriles y carreteras. Si bien hay ausencia de regulación del trabajo rural y la titularización previa de baldíos ha sido un proceso en parte desordenado, sin reglas de agrimensura ni criterios claros para la adjudicación, el resultado es que este vacío fue llenado por el régimen dominante de la hacienda.

Los conflictos agrarios pueden ser vistos como una práctica social a nivel local de competencia por las tierras cultivables, especialmente en las zonas aptas para la producción cafetera. Lo que está en juego en esta competencia son los derechos de propiedad sobre la tierra. Este aspecto es esencial para comprender la dinámica de la violencia en los conflictos agrarios, en los cuales la propiedad de la tierra determina en buena medida el nivel de control que un actor ejerce sobre un territorio y la distribución de beneficios que le corresponde por los excedentes que genera el café. En la práctica social se respetan las prerrogativas que los títulos de propiedad le confieren al dueño sobre las tierras, pero en ausencia de dichos títulos el valor se le otorga a la posesión efectiva de la tierra que se manifiesta en su ocupación y explotación económica. Los títulos sobre la propiedad suponen que el dueño ejerce sobre el territorio un control endógeno, que depende de su capacidad para proteger por su propia cuenta el derecho pero en concurrencia con un control exógeno que se garantiza  por un tercero, que es el estado. En ausencia de títulos, en contraste, la capacidad para proteger la propiedad depende del control endógeno y de la posición geográfica. Se evidencia que las haciendas dominan en las planicies y la colonización campesina en las montañas y selvas, como opera en el modelo teórico de Kalyvas la distribución geográfica de las posiciones en la guerra civil. Por otra parte, se incorporaron en el análisis no sólo los hechos de violencia letal sino también otros como los hostigamientos, las persecuciones y las torturas que ponen en riesgo la vida.

Es razonable suponer que los mecanismos causales de la defección, la delación y el uso de la violencia selectiva funcionen de manera análoga a cómo lo harían en el contexto de la guerra civil. Dos restricciones tiene nuestro trabajo, adicionales a las generadoras de errores predictivos en la teoría de Kalyvas: su aplicación en el contexto de los conflictos agrarios y que los derechos de propiedad determinan los niveles de control sobre el territorio.

Los resultados obtenidos de un análisis del fenómeno de la violencia basado en fuentes secundarias, distan mucho de ser concluyentes como hemos insistido. Pero permiten corroborar de manera preliminar que estarían operando los mecanismos causales de las estrategias principales de manera similar al contexto de la guerra civil y que la distribución espacial de la violencia obedece a niveles de control (militar en la guerra civil) que dependen de los derechos de propiedad, cuya ausencia es condición que debilita el control sobre un territorio.

Las hipótesis de Kalyvas son fuertemente contraintuitivas. Entre las más notorias está la que postula que entre mayor sea el nivel de control de un actor sobre un territorio menor será la probabilidad de que recurra a la violencia contra su rival, lo que contradice en buena medida las intuiciones tradicionales. Esto se verificó respecto de las haciendas con títulos definidos, productivas y que no habían extendido los cerramientos para incorporar los baldíos adyacentes excediendo los títulos originales.

La hipótesis más interesante de Kalyvas quizás sea la que postula que en las zonas más disputadas [contested areas] no se observará violencia porque los actores rivales mantienen allí una paridad en el control o sencillamente no tienen ningún control. En este trabajo codificamos estas zonas como “tierras de nadie”, siguiendo la codificación de “no man´s land” de la guerra civil americana. Lo que se corroboró con la evidencia disponible es que en los baldíos no adyacentes a las haciendas, que se encuentran en la frontera agrícola, no se registró ninguna violencia.

En las zonas donde un actor tiene mayor capacidad de control sobre el territorio pero no total, la probabilidad mayor es que si emplea la violencia lo haga de manera selectiva. En el caso de los conflictos agrarios en Colombia estás hipótesis se cumplen con las evidencias disponibles sobre episodios, en muchos sentidos vagos. No efectuamos el ejercicio de distribución temporal de la violencia porque no contamos con información más precisa sobre las fechas de los hechos. Se pudo verificar que, dado que obtener información sobre delaciones es muy difícil en la práctica, el temor a ser identificado en un buen indicador del nivel de control suficiente para inhibir la defección y, por lo tanto, determina la ausencia o no de delaciones y de quiénes pueden desertar bajo el régimen de hacienda: los peones y arrendatarios. Otro resultado interesante es que se verifica que en las zonas donde los actores necesitarían recurrir más a la violencia porque su control es bajo, como sucede en las zonas de disputa, no lo hacen por lo que se observa que en el contexto de la guerra civil, a diferencia de la guerra exterior, el campo de batalla no son las líneas del frente de batalla sino las zonas adyacentes a aquellas en las cuales el rival mantiene el alcance de su control  pero no de forma total, como es el caso de los baldíos fuera del alcance de las haciendas en la frontera agrícola.

Suponemos que el elemento intimidad es central en la dinámica de la violencia de los conflictos agrarios porque la evidencia disponible señala que los colonos o arrendatarios “sublevados” son conocidos de los agentes del hacendado. El indicador es el miedo a ser identificados. También se puede suponer lo mismo por las denuncias públicas elevadas por los colonos ante Bogotá y no ante las autoridades locales. Este miedo es un indicador efectivo del nivel de miedo a ser identificados y a las represalias, que revela el nivel de control que se ejerce sobre un territorio por uno  de los actores, lo que resulta consistente con los mecanismos que se ponen en operación en la guerra civil.

Falta responder con mayor claridad si la violencia tiene una lógica y cuál es esa lógica en el contexto de los conflictos agrarios. Varios autores coinciden con LeGrand (1988, 2007) en que la violencia fue utilizada para hostigar a los colonos para desalojarlos de las tierras baldías cultivadas y obligarlos a ofrecer su fuerza de trabajo en las haciendas. Es decir, para controlar a esa población, lo que resulta consistente con el propósito de la violencia coercitiva según Kalyvas (2006). Aunque estas afirmaciones son el resultado de inferencias complicadas porque no señalan una relación causal directa, la evidencia indica que la violencia coercitiva, excepcionalmente fatal, se utilizó para obtener el control sobre la mano de obra o lo que es lo mismo, a la población. Por vías diferentes hemos podido corroborar esas proposiciones, en las condiciones planteadas.

Por supuesto, los resultados preliminares obtenidos en este trabajo requieren ser sometidos a corroboraciones posteriores, en las que pueda tenerse acceso a mayor evidencia a nivel micro, individual y local, sobre la violencia en los conflictos agrarios. Con todo, estos resultados son restringidos en relación con el estándar utilizado para el establecimiento del nivel de control en este contexto específico donde el orden institucional no ha colapsado o ha sido sustituido, y el derecho de propiedad sigue siendo reconocido por los actores del conflicto. Hay que mantener mucho celo con esta reserva para extender el estándar al análisis del fenómeno de la violencia en los conflictos agrarios dentro de contextos mayores que cumplan de manera más estricta las especificaciones de la guerra civil (ruptura del monopolio de la violencia, soberanía fragmentada, riesgo de supervivencia alto), como los observados durante la guerra de los Mil Días o en el período conocido como La Violencia.

Al respecto, expresa Sánchez (2008, p. 67) que la “Violencia había desestabilizado la propiedad en unas zonas”. Por supuesto, esta observación debe tomarse con beneficio de inventario si se tiene en cuenta que la producción de violencia no transforma la institución de los derechos de propiedad formalmente sino la práctica del control exógeno/endógeno que dichos derechos hacen presumir en relación con su titular o su pretendido titular (de facto). Quizá dicha observación haya que tomarla como el indicio de que las variaciones en la propiedad de unas zonas a otras es el resultado de los cambios en el control del territorio y no de la titularidad, con lo cual queda abierta la puerta para la investigación empírica en dicho contexto sobre la violencia siguiendo el modelo de Kalyvas.

Los resultados preliminares que se han obtenido en este trabajo indican que la indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra, como se presenta en los baldíos caracterizados como Zona 3, son causa de conflictos agrarios pero no del empleo de la violencia, confirmando de alguna forma las conclusiones de Sánchez Torres y otros (2010). En las Zonas 1, para las haciendas, y 6, para los minifundios y colonias campesinas, con títulos de propiedad debidamente reconocidos por el Estado y en las prácticas sociales por los actores del conflicto, no se presentan evidencias sobre violencia coercitiva, lo que permite suponer que la definición de los derechos de propiedad formales (de jure), implican un mayor nivel de control y menores niveles de violencia, como lo predice la teoría de Kalyvas (2006). En las Zonas 2 y 4, que representan los baldíos adyacentes a las haciendas básicamente, sobre los cuales se pretende la titularidad sin acreditar o la propiedad de facto o posesión, donde el control de las haciendas predomina pero es parcial, se evidencia el mayor número de episodios violentos, confirmando la hipótesis planteada en este trabajo, según la cual entre menos definidos los derechos de propiedad, menor el nivel de control y mayor la probabilidad del uso de la violencia coercitiva. Si, además, dentro de la categoría de derechos de propiedad indefinidos se incluyen las tierras incultas de las haciendas después de las reformas constitucionales y legales de 1936 que autorizan la expropiación a favor de quien las explote, con independencia de los títulos, puede afirmarse que estas normas convierten los derechos de propiedad definidos formalmente en fuente de violencia.

Finalmente, los resultados de esta primera aproximación al análisis de la violencia como fenómeno político en el contexto de los conflictos agrarios de la primera mitad del siglo veinte contradicen de alguna manera los trabajos que señalan la decadencia de la hacienda como un signo de la época (Guillén; Palacios, 1983; Fajardo, 1977; Machado, 1977). Por una parte, las parcelaciones de haciendas para asignarlas a los campesinos en esa época como mecanismo de solución de conflictos, mediante la compra por el Gobierno nacional o local a justo precio para los propietarios, se limitaron a aquellas que los mismos hacendados ofrecieron: aquellas cuyos terrenos no eran los más fértiles ni más productivos, en una clara muestra de riesgo moral (Tovar, s.f.). Por otra, la evidencia indica que aunque hubo fraccionamientos y la producción cafetera por fuera de las haciendas representó un mayor nivel sobre la producción total (Machado, 1977; Fajardo, 1977), lo cierto es que LeGrand tiene razón cuando señala la persistencia de la hacienda en el transcurso del siglo veinte (2007, p. 137), aunque quizás sin todos los elementos que la caracterizaron hasta principios de siglo por los cambios institucionales que regularon las relaciones laborales a partir de 1945 y por la pérdida de poder político de los hacendados, si se les aprecia como un actor político unitario, a favor de otros grupos de poder más urbanos, cuando el país deja de ser una sociedad predominantemente rural (Palacios y Safford). Lo que se quiere destacar es que la violencia coercitiva registrada fundamentalmente en la Zona 2 más que un signo de debilidad de la hacienda puede comprenderse como un signo de su persistencia, consistente con la hipótesis de LeGrand (1988, 2007) y de Kalyvas (2006). Lo que sugieren los resultados de este trabajo es una dirección distinta en la investigación científica sobre la violencia como fenómeno político central. Por supuesto, estas observaciones son indiferentes, en principio, a los problemas de distribución de derechos de propiedad que enfatiza Ostrom (2000). Por lo pronto, la apuesta de este documento se encuentra en la línea trazada por el trabajo pionero en Colombia para la comprensión del conflicto armado contemporáneo, inspirado en Collier y Hoeffler, y Grossman, desarrollado por Gorbaneff y Jacome (2000), sin embargo la violencia no es el eje central de su modelo económico del conflicto que, como sus mismos autores declaran, es “hallar los determinantes del gasto en defensa, que garantice la estabilidad socio-económica del país.” (2000, p. 6). Lo cierto es que todavía existe un largo camino en la investigación científica sobre la violencia política por recorrer.◙